Tras las intimaciones, vecinos de un country comenzaron a registrar a sus empleadas

La adecuación es lenta, pero para las autoridades representa un avance. Cerca de la mitad de los 202 propietarios que habían sido intimados se presentaron en la sede local del Ministerio y, de ellos, un 50% adhirió a algún tipo de registración. El resto enfrentará un proceso que podría terminar en sanciones.

“De los que presentaron documentación, algunos (los menos) ya tenían registradas a las trabajadoras de hace algunos años y otros lo hicieron ahora con el alta temprana, con el correspondiente retroactivo”, le informaron a El Diario fuentes vinculadas al operativo.

Tras las inspecciones que se llevaron a cabo lunes y martes de esta semana, se labraron las actas que fueron enviadas a La Plata para subirlas al sistema. Luego, se devolverán a Pilar, donde la sede a cargo de la abogada Celeste Afriol será responsable de la instrucción de sumarios a aquellos casos en los que corresponda.

Operativos

Todos los propietarios fueron intimados luego que inspectores del Ministerio de Trabajo provincial constataran el ingreso a sus viviendas de trabajadores que no están debidamente registrados.

El Ministerio que conduce Mara Ruiz Malec realizó este año una serie de inspecciones donde se requiere a las administraciones de los countries presentar los registros de ingreso y egreso de personas. De eso modo, determinan cantidad de trabajadores que prestan servicio en las viviendas de los propietarios, cuántos días a la semana lo hacen, de cuántas horas consta su jornada laboral y cuál es la situación registral de cada una.

Algunos countries se negaron a responder y fueron multados. En marzo, se aplicó una sanción al Martindale y hace dos semanas se conoció otra contra Los Lagartos por más de 3,5 millones de pesos. En ambos casos, las administraciones eludieron la entrega de los datos solicitados.

CUBA fue uno de los que aceptó brindar la información, por lo que el Ministerio pudo cotejar el ingreso y egreso del personal con los registros. El resultado arrojó que la mitad de los empleadores tenía a sus trabajadores sin registrar, cifra que empezó a disminuir después de los procedimientos.