La cajita feliz para los gobernadores muy amigos

Marcela Pagano denunció penalmente al Gobierno por desviar fondos para rutas nacionales. El dinero lo recibieron mandatarios aliados para votar leyes del oficialismo.

¿Leyes a cambio de plata? La pregunta vuelve cada vez que el oficialismo logra votaciones rápidas e impensadas, que recortan derechos y afectan a la gente de a pie. En los primeros tiempos del gobierno de Javier Milei, la “moda” fue el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los manejos con la coparticipación entre provincias que facilitaran el apoyo legislativo. En los pasillos del Congreso hace semanas se habla de otros recursos nacionales utilizados para captar voluntades y de uno en particular: los fondos que se deberían destinar a obras viales, como la reparación de rutas, que se nutre de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos que, por ley, debe usarse solo para hacer, cuidar y arreglar las rutas nacionales. La diputada Marcela Pagano (Coherencia) presentó una denuncia penal de la que surge que, en los días de votaciones claves (sumados el anterior y el posterior), los desembolsos para gobernadores “aliados” se disparan entre un 350 y 400%, es decir, se paga cuatro veces más que la media de los días de pago. Según su cálculo, el Ministerio de Economía giró 68.042 millones de pesos en fechas sensibles a provincias que le facilitaron sus objetivos a la administración libertaria.

En esa lógica de distribución hay un grupo que resultó beneficiario favorito de esos giros millonarios vinculados al llamado Sistema Vial Integrado (SisVial), que deberían utilizar en forma inmediata para el arreglo de rutas, aunque tampoco está claro que esa haya sido su aplicación: Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Salta, Catamarca, Córdoba. En los primeros seis meses del gobierno libertario, el fondo en cuestión destinado a las obras viales, estuvo paralizado. Empezó a hacer pagos antes de la votación de la Ley Bases. Pagano hizo un análisis de 38 fechas de votación en 29 meses, donde, en casos de máximo interés y dificultad para el oficialismo, las provincias de diputados y senadores que votaron de manera funcional a Milei fueron las que cobraron, u aportaron ausencias o abstenciones útiles.

La presentación judicial salpica necesariamente a una cadena de organismos que podrían estar implicados, empezando por el ministerio de Luis “Toto” Caputo, la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Transporte, pero, dijo Pagano, también el presidente Javier Milei. La denuncia quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini e interviene el fiscal Franco Picardi. La diputada señala la sospecha la existencia de un manejo discrecional del dinero, la posibilidad de que no se haya aplicado al objetivo para el que está destinado (lo que puede incluir necesidades específicas de las provincias, pero también dádivas) o que incluso se entreguen sin cumplir cuestiones básicas como la entrega de certificación de obras.

Esta semana, otra diputada, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), también presentó una denuncia penal que ilustra el posible desvío de los recursos del SisVial: el propio Gobierno, a través del vocero Adrián Ravier, admitió después de una publicación de La Nación, que 1,038 billones de pesos de ese fondo no se aplicaron al mantenimiento y arreglo de rutas y obras viales, sino que buena parte estaban colocados en inversiones financieras. Otro tanto estaría en una cuenta corriente. Siempre el argumento es el objetivo del “equilibrio fiscal”. La diputada denunció que solo se usaron 394.406 millones, ahora su destino específico, lo que implica una subejecución del 73,8 por ciento.

Caso a caso

En un posteo en la red X, Pagano fue directo al corazón de su planteo: “Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: los aliados recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima…” Entonces explica que Milei “manoteó” (sic) “el dinero de la caja que surge del impuesto al combustible”. “Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que votaban leyes usando como cajero el Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo…”. Luego explica que los días de votación se liberan unos entre 3,4 y 4 veces más pagos que el resto del mes. “Presionan hasta último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan los fondos…”, ilustra.

Luego publica una suerte de lista de precios del dinero que se liberó del SisVial en cada votación clave. Reforma laboral: $17.139 millones; Ley de Glaciares: $12.551 millones; ley hojarasca y zonas frías: $14.096 millones; En tres votaciones fueron 33.786 millones, que es el 52,7% de todo lo pagado en cinco meses de este año.

También detalla desembolsos del período 2024-2025. Ley bases: $11.275 millones; DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: $6.596 millones; Ficha limpia: $7.895 millones (para hacer caer la votación); vetos por ley de aumento de las jubilaciones y emergencia en discapacidad: $20.983 millones.

La diputada describe un mecanismo “extorsivo” al que considera que cedieron principalmente cinco gobernadores que en todas las votaciones, a través de sus diputados y senadores, acompañaron al Gobierno. Jujuy recibió, señala, 11.987 millones de pesos a través de la empresa encargada de la ruta 34, de los cuales 97,5% cobró en días de votaciones; Tucumán obtuvo 2.322 a través de su dirección de vialidad en contextos de tres debates; Misiones, vía la UTE que maneja la ruta 105, obtuvo $13.493 millones, Santa Cruz en un único pago obtuvo $2.104 millones y Salta $1.787 millones para su área de vialidad en torno a una votación. Santiago del Estero se llevó una cantidad considerable.

Si se tiene en cuenta como “ventana” un período de tres días (víspera, el día de la sesión y el posterior), de los $210.983 millones que cobraron 13 provincias, $68.042 millones se distribuyeron en ese lapso. Si se amplía ese tramo a tres días más/menos, el monto asciende a $94.929 millones, que es el 45% de todo lo pagado en 38 fechas de votación en 29 meses.

Otros ejemplos conocidos e ilustrativos que trae la denuncia: Las provincias que más obtuvieron este año del fideicomiso para rutas, Misiones y Jujuy, son aquellas cuyos legisladores hicieron caer Ficha limpia en el Senado, acompañaron la sanción de la Reforma Laboral en Diputados y cuya voluntad del oficialismo buscaba asegurar para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Misiones y Jujuy, además, reciben fondos desproporcionados en comparación con la magnitud de la red vial de provincias desfavorecidas que los necesitan, como al de Buenos Aires o Santa Fe.

¿Por qué delito y no arreglos políticos?

“Esto no es coparticipación, es un fondo fiduciario creado en 2001 que se alimenta de un impuesto que se paga cada vez que alguien carga combustible. El único objetivo de ese fondo es la distribución inmediata para el trazado vial, para mantenimiento de las rutas”, explica Pagano a Página/12. “No se pueden guardar medio año los fondos y liberarlos cuando le parece al Gobierno, como hizo en 2024 al retenerlos. Hay un plazo: 60 días para transferir la plata contra certificado de obra. Por otro lado, ¿Qué es lo que hace que los días de las votaciones en el Congreso se giren 400% más? Hay que ver si con estos fondos no están, además, ejecutando el pago de dádivas”, agregó. En su escrito señala otros posibles delitos: malversación, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario.

Pagano presentó una ampliación de su denuncia y se apresta a elevar otra, con detalles de cada votación. Señala que el fideicomiso que está en la base de las maniobras que atribuye al Gobierno fue objeto de la sentencia del caso Vialidad: fue creado por el decreto 976 del año 2001 y a Cristina Fernández de Kirchner se la condenó por firmar otro decreto, el 54/2009, que puso a la Dirección de Vialidad como beneficiaria y habilitó convenios con provincias. En el caso de ella, fue un tema que el tribunal metió por la ventana sin mayor especificación del supuesto delito. La gestión libertaria, en términos de la denunciante, le da un uso mínimamente extorsivo y a gran escala.