En la Rosada, dicen que el fallo de la Corte «no le hace ningún favor al gobierno» y relativizan el impacto

Mientras que en un sector cree que la decisión del máximo tribunal tuvo «mal timing», en otro piensan que la justicia envió un guiño contundente a la gestión. Las espadas legislativas buscan evitar la derogación del decreto 70.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, con el que revoca la decisión de la Cámara Federal de La Plata y deja vigente la derogación de la Ley de Tierras prevista en el DNU 70/2023, expuso al gobierno a una situación de absoluta incomodidad política y comunicacional. Nuevamente encerrados por una definición judicial sobre una decisión de gestión, por estas horas el oficialismo ensaya soluciones para encontrar una salida elegante a un problema que más de uno ya había olvidado.

El martes por la tarde Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron en la reunión de acuerdos que mantienen semanalmente tratar la demanda interpuesta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, con el que apostaban anular la derogación de la normativa. Luego de pasar por varias instancias, la Corte consideró que la entidad carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreta, pero aclaró que su posicionamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.”

Según pudo reconstruir este diario, sólo unas pocas terminales específicas del gobierno estaban al tanto de la decisión que el máximo tribunal iba a comunicar. Hasta ayer por la tarde, en Casa Rosada, por caso, ningún referente de peso del oficialismo estaba al tanto de las novedades y se enteraron de la resolución de la misma manera que el resto de los mortales. La mediatización de la noticia, incluso, se dio mientras el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encontraba en pleno vuelo hacia Francia como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a la edición parisina de la Argentina Week. En otros sectores, en tanto, admiten que la información les había llegado pasado el mediodía.

La falta de información anticipada generó dentro del oficialismo un desconcierto que se vio plasmado en las primeras reacciones frente al fallo judicial. En algunas oficinas, la decisión de la Corte generó una fuerte preocupación, puesto que entienden que el timing del fallo no es el ideal. La definición del máximo tribunal llega en medio de la nueva era nacionalista que experimenta la gestión libertaria, una medida desesperada por retomar el control de la agenda pública y la épica que en algún momento supo tener el líder libertario.

La derogación de la Ley de Tierras, con la que se ponen límites al acceso de las mismas a extranjeros, contradice por completo la forzada postura oficial y hasta podría poner en riesgo la discusión diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas. Además, se da apenas semanas después de que el oficialismo se viera forzado a eliminar del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de extranjerización de tierras que puso en aprietos a los aliados por el aumento de la presión social que se generó alrededor de aquella iniciativa.

En este sentido, una fuente que conoce los entretelones de la gestión libertaria reconoció ante la consulta de Tiempo que “el fallo no le hace ningún favor al gobierno, más bien lo contrario.” Además, aseguró que el resurgimiento del caso es “incómodo” porque “el gobierno ya había pagado costos en su momento, pero el tema había quedado atrás. Es algo que en los hechos no le cambia la vida a nadie, pero es simbólicamente caro en materia de popularidad. Y encima te mete presión en Diputados por el DNU.”

Por su parte, la senadora nacional Patricia Bullrich, quien no dudó en volver a marcar sus reticencias frente a las decisiones apresuradas de la gestión, dijo: «Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado.»

Además de criticar la estrategia oficial sobre este tratamiento, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza se mostró preocupada frente a la posibilidad de un nuevo traspié del gobierno. «(El fallo) vino después que la Ley de Tierras no se pueda votar, así que es una posibilidad», dijo frente a la amenaza latente de que la oposición voltee el DNU.

La preocupación de los funcionarios se materializó en las últimas horas, luego de que el bloque de Unión por la Patria en la cámara baja solicitara a Martín Menem la convocatoria de una sesión especial para tratar la derogación del DNU 70/2023, el instrumento implementado por Milei en sus primeras semanas de gestión para avanzar en una serie de desregulaciones claves para la puesta en marcha de su modelo político y económico.

En 2024, el Senado había logrado rechazar la aplicación del decreto, pero en Diputados la oposición nunca logró conseguir los votos necesarios para avanzar en este sentido. Con la creación del virtual interbloque que junta a peronistas, radicales y legisladores provinciales, la suerte del gobierno podría no estar tan atada.

Con esta circunstancia, las espadas parlamentarias de la gestión libertaria se pusieron a idear posibles alternativas que les permitan controlar la situación. En ese sector, además, consideran que el fallo de la Corte es favorable para el gobierno. “Hace dos años que nos tiran centros para evitar tratar el tema. El fallo ni siquiera se expide sobre la ‘necesidad y la urgencia’ del decreto, lo que pide es que se trate en Diputados y la política defina lo que tiene que definir la política, no está mal”, sostuvo una fuente del ala más positivista.

Además, en una búsqueda por enviarle un gesto al máximo tribunal, la misma voz se posicionó en la vereda de enfrente de sus compañeros de gobierno y afirmó que “el timing es bueno porque en los meses que quedaban de ordinarias íbamos a tratar temas poco interesantes. Si un fallo así te sale el año que viene en plena campaña te arruina todos los planes.” Con este optimismo, en tanto, la mesa legislativa del oficialismo planifica poner en marcha una estrategia tan ocurrente como arriesgada.

Según dejaron trascender desde el Congreso, el gobierno buscará retomar la discusión por la Ley de Tierras, incluida dentro de la Ley de Propiedad Privada que Diputados tiene lista para tratar luego de la discusión en el Senado. El plan maestro implica negociar con los aliados una nueva aplicación de límites para compras de tierras para extranjeros a cambio de blindar el tratamiento del DNU 70/2023 con el que el oficialismo perdería un sinfín de facultades habilitadas desde hace más de dos años.

El presidente de la Cámara de Diputados, afirman fuentes cercanas a su entorno, ya se encuentra trabajando para lograr concretar la hazaña. Aunque no dieron mayores precisiones sobre el contenido de las conversaciones, desde su círculo afirman que existieron comunicaciones en las últimas horas con jefes de bloque para intentar avanzar en esta línea. El trabajo tiene un doble comando que se completa con las negociaciones que Diego Santilli está llevando adelante en París, donde trece gobernadores con peso en el parlamento se sumaron al eurotrip para promocionar ante inversores sus provincias.

Si todo marcha acorde al plan, creen en el oficialismo, en las próximas semanas podrá haber una definición favorable para la gestión, que ya hizo saber que está dispuesta a entregar la Ley de Tierras a cambio de mantener vigente el colosal decreto que oficia como la columna vertebral de la gestión libertaria.