«De prometer romperlo a usarlo como ofrenda: el plan sistemático para subordinar el Central a los dueños del mundo»

La subordinación como doctrina

El discurso presidencial sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no constituye un hecho aislado, ni una simple reorganización administrativa: expone, en cambio, la consolidación de un plan sistemático diseñado para disciplinar la política monetaria y adaptarla a las exigencias del capital financiero internacional y del  (FMI).

 

Por Jesús Marcelo Delise [email protected] 

Lejos de la retórica libertaria que prometía dinamitar la institución o erradicar el peso calificado repetidamente en campaña como «una basura», el Ejecutivo ha optado por apropiarse instrumentalmente del organismo para ponerlo al servicio exclusivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores internacionales, vale decir, los deberes bien hechos antes de que la realidad los supere y pierdan poder el año que  viene.

Resulta ilustrativo observar la puesta en escena de la cadena nacional. Detrás del presidente figuraban al menos cuatro exfuncionarios y expresidentes de entidades públicas como el Banco Nación o el propio Banco Central, cuyos antecedentes en la función pública estuvieron vinculados a los peores desastres financieros y procesos de endeudamiento de la historia reciente del país. La reaparición de estos actores confirma que no hay «manga nueva» ni innovación, sino la reincidencia en recetas fracasadas.

 

De la promesa de destrucción a la apropiación instrumental

En su etapa proselitista, la retórica del oficialismo fue categórica al calificar al peso argentino como «una basura» y al prometer la erradicación o privatización absoluta del Banco Central. Sin embargo, la praxis de gobierno muestra un viraje estratégico, lejos de destruirlo, la administración actual optó por apropiarse de la institución para transformarla en un engranaje al servicio de los acreedores internacionales y los poderes financieros globales.

La paradoja del discurso oficial resulta evidente, quien prometió «cerrar» o «privatizar» el Banco Central hoy lo utiliza como moneda de cambio para agradar a los centros de poder financiero global. La verdadera intención tras este rediseño no es otorgar «autonomía» monetaria, sino despojar al Estado de toda herramienta de soberanía económica, asegurando que los compromisos de deuda externa se impongan por encima del bienestar social y el desarrollo productivo.

Un blindaje asimétrico y el vaciamiento de facultades

Las modificaciones institucionales propuestas buscan clausurar la política económica mediante un candado legislativo y operativo:

La prohibición absoluta de la emisión monetaria le quita al Banco Central la capacidad de asistir a la sociedad y al Estado en momentos de emergencia extrema, como quedó demostrado durante la pandemia mundial. Al cercenar además su potestad para regular la tasa de interés, se renuncia a una herramienta clave para encauzar el crédito, frenar la especulación y defender la actividad productiva.

Por otro lado, el sesgo de los dos tercios es un argumento que parece no estar del todo claro. Su enumeración exigir una mayoría de dos tercios en el Congreso para destituir al presidente del BCRA Sin embargo, se ocultó la contraparte lógica e institucional, si se requiere una mayoría calificada para removerlo, el mismo consenso debería exigirse para su designación, establecien en estas cuestiones  un blindaje funcional que pretende perpetuar a funcionarios afines al ajuste en gestiones futuras.

Un blindaje a la medida del ajuste

Las medidas anunciadas para modificar la estructura institucional del BCRA responden a una lógica de blindaje político e institucional.   Aqui podemos hablar de la  Protección de la conducción técnica, que como ya lo manifestamos  exigir una mayoría calificada de dos tercios en el Congreso para remover a la autoridad del Banco Central buscando aislar a la cúpula monetaria del debate democrático y del control parlamentario.

No me cabe dudas que hay una búsqueda de institucionalizar el recorte, el principio de que ante la escasez de recursos la entidad deba autoajustarse reduciendo gastos operativos, contratos, salarios e inversión consagra el concepto de austeridad rígida como norma suprema de funcionamiento.

El objetivo de fondo, no es técnico ni neutral, es puramente político y fiscal. Al prohibir la asistencia monetaria, entregar el control de tasas al libre mercado e imponer un blindaje legislativo a la cúpula de la entidad, el Gobierno busca amarrarle las manos a cualquier administración futura, garantizando que el único destino de los recursos nacionales sea el pago de la deuda externa y el cumplimiento irrestricto de las metas del FMI.

 

 

Detrás de la narrativa de la «autonomía monetaria», el rediseño del Banco Central apunta a garantizar el cumplimiento de metas fiscales y monetarias fijadas externamente. Al clausurar las capacidades del Estado para intervenir en la economía y priorizar el cumplimiento del servicio de la deuda, la política económica subordina la soberanía nacional a los requerimientos del FMI. El organismo que antes se prometía combatir o ignorar se convierte así en el principal auditor y beneficiario de la reestructuración del sistema financiero argentino.

No nos engañemos: lo que está en juego no es un debate técnico sobre la inflación ni una discusión contable sobre el déficit.

Al prohibir la emisión monetaria incluso en emergencias, al ceder la regulación de las tasas de interés al libre arbitrio financiero y al atar de manos al Congreso con un blindaje diseñado para eternizar este modelo, lo que se está entregando es la soberanía misma.

Un país sin capacidad para manejar su propia moneda, sin potestad para auxiliar a sus ciudadanos en momentos de crisis y sin instrumentos para dirigir su crédito al desarrollo productivo, deja de ser una nación soberana para convertirse en una simple colonia financiera.

La soberanía económica no es una abstracción teórica, es la diferencia entre que las decisiones sobre el destino del esfuerzo argentino se tomen en el Banco Central o en las oficinas del FMI.

Si consolidamos este esquema, las futuras generaciones no solo heredarán la pesada carga de una deuda impagable, sino algo mucho más grave, Recibiremos  un Estado desarmado, e incapaz de decidir su propio destino.