El precandidato a presidente por el FIT Gabriel Solano estuvo en Pilar junto a su compañera de fórmula, Villa Ripoll. Presentaron sus planes y acompañaron a la referente local, Natalia Espasa.
Con las propuestas de elevar el salario mínimo a los 350 mil pesos y romper con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como bandera, la fórmula de Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) que integran Gabriel Solano y Vilma Ripoll hizo pie en Pilar para apuntalar la campaña de la candidata intendenta de ese sector, Natalia Espasa.
Aunque cuenta que intentó evitar la interna y reemplazara por “los métodos clásicos de la izquierda, como un plenario o una asamblea”, Solano enfrentará en las PASO a la fórmula de los diputados Myriam Bregman y Nicolás Del Caño. “Ellos tienen un proyecto distinto al nuestro, una izquierda de redes sociales y mediática, que yo denomino una izquierda light”, cuestionó.
Por el contrario, sostuvo que “el programa que quiere aplicar la izquierda en el país solo es posible con el apoyo de las mayorías populares” porque lo que viene en la Argentina requiere una izquierda con un gran protagonismo popular”.
Ese programa fue presentado el jueves, en el teatro Picadero de CABA. Ahí, Solano sostuvo que “para terminar con el proceso inflacionario hay que terminar con el vaciamiento financiero de la Argentina. La única manera de ponerle fin a esta sangría es romper con el FMI, repudiar la deuda externa y nacionalizar la banca y el comercio exterior”
También enfatizó que “tras siete años consecutivos de pérdida de los salarios frente a la inflación”, la propuesta del programa del FIT-U es un “aumento general de salarios y jubilaciones para recomponer el poder adquisitivo de las familias trabajadoras”.
Ripoll también destacó las propuestas en materia de género como el reconocimiento económico de las tareas de cuidado y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En lo relativo a políticas de derechos humanos, remarcó por un lado “el castigo a los genocidas y la apertura de archivos” vinculados a los crímenes del terrorismo de estado y por otro la necesidad de “poner un freno a la criminalización de la protesta”.
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