Alberto Fernández inauguró el último período legislativo de su mandato presidencial, con un balance a tono de despedida, una denuncia a la justicia por «inhabilitar» a Cristina Kirchner con su condena y un fuerte ataque a la Corte Suprema, que envió como representantes a su presidente Horacio Rosatti y al antecesor Carlos Rosenkratz.
Escucharon como el jefe de Estado reivindicaba el juicio político en su contra que lleva adelante la Cámara de Diputados y los acusaba de tomar por «asalto» el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona jueces.
Se trató del primer encuentro en seis meses entre Alberto y Cristina, quien no pisaba un estrado desde el fallido atentado que sufrió el 1 de septiembre. Presidió su última sesión preparatoria como vice, acompañada por la presidenta provisional del Senado Claudia Ledesma y la titular de Diputados Cecilia Moreau. «Es la primera vez que somos todas mujeres», celebró.
Alberto habló dos horas, intentó resaltar su figura y su gestión, cuestionar las críticas de opositores y medios de comunicación, acercar posiciones con la vicepresidenta y redoblar su apuesta contra la Corte, que le sirvió para ganarse rabiosos aplausos de legisladores oficialistas, al frente de la batalla contra la cautelar que aumentó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.
«Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró en una cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la Ciudad más opulenta del país», reclamó sobre el final de su discurso.
Fue un furcio: quiso decir que le quitaba a «los que menos necesitan». Pero todos lo entendieron, tal es así que fue el único momento en que la oposición se levantó de sus bancas a abuchearlo y el oficialismo estalló en aplausos.
El opositor más exaltado fue Fernando Iglesias, del PRO. Desde la primera fila se paró para insultar al presidente, que celebró la escena. «Es un honor que me insulte», le respondió Alberto, mientras los legisladores de Evolución radical, liderados por Martín Lousteau, se iban del recinto en señal de protesta. Iglesias también se fue.
Rosenkratz y Rosatti seguían a las críticas a centímetros del presidente, en un palco que comparten en cada apertura de sesiones con los ministros y secretarios de Estados. Sus pares Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti no asistieron porque el máximo tribunal resolvió tener una representación institucional, acotada a su presidente y vice.
Del otro lado del estrado se ubicaron los gobernadores y estuvo entre los invitados Horacio Rodríguez Larreta, pero no el bonaerense Axel Kicillof. Sergio Massa siguió la sesión desde la bandeja superior y fue uno de los más aplaudidos por la bancada oficialista.
Alberto les enumeró a los jueces el resto de las causales por las que se pide su acusación, como «la intromisión en la ejecución presupuestaria», que surge de la imposición de sumar partidas a la Ciudad. «(La Corte) excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas».
El momento más tenso fue cuando el presidente señaló a Rosatti y Rosenkratz con el dedo índice, sin lograr que dieran vuelta la cara, para destacar que la ciudad no tiene acceso a la coparticipación y si se transfiere un recurso, como fue la seguridad en 2016, debe recibir fondos directos de la Nación. «El reparto es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república», los acusó. Fue el momento de mayor griterío.
El presidente denunció que el Poder Judicial «hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos».
El diputado de Perotti refutó a Alberto: «Buenos Aires recibe 22 veces más recursos que Santa Fe para la seguridad»
Y se jactó de que en su mandato «el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces» y «los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compren voluntades judiciales».
Alberto también acusó a la Corte por el fallo que le permitió controlar el Consejo de la Magistratura, que casi no se reunió desde que volvió a ser presidido por el máximo tribunal. «Si la reforma judicial que envió hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio».
«¡Mentiroso!», le gritó el diputado Federico Angelini, del PRO, desde la primera fila. Es que los diputados santafesinos pidieron sin éxito que el Congreso trate una ley para sumar juzgados, que consideran obsoleta. No creen que el problema sea solo cubrir las vacantes de los que existen.
El capítulo judicial fue el que más encendió a una oposición que hasta ese momento había sido indiferente. Sólo regaló unos tibios aplausos cuando mencionó el conflicto con Malvinas y los 40 años de democracia. El liberal Javier Milei fue, pero se retiró a mitad de la sesión.
Y hubo varias ironías. El diputado Cristian Ritondo, jefe del PRO, pidió arengar «Para Alberto, la reelección», en señal de burla. Y Graciela Ocaña lideró un aplauso de no más de una decena de diputados, cuando Alberto aludió a la condena de Cristina.
Si bien el presidente no usó la palabra «proscripción», elegida por el kirchnerismo para definir la situación judicial de la vice, sí dijo que se simuló un juicio «en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política», impulsada por una «organización» de jueces, medios de comunicación y políticos de la oposición.
Fue suficiente para conseguir los aplausos del Frente de Todos, pero no el de Máximo Kirchner, que otra vez faltó y no pudo escuchar el reconocimiento al impuesto a la riqueza sancionado en 2020 que el presidente hizo varias veces.
Alberto también mencionó a Cristina al inicio de su discurso, mientras criticaba a quienes cuestionan su «moderación». Dijo haber sido quien estuvo al lado de la vice «cuando fue perseguida injustamente». Un dato: ese renglón no aparecía en el texto distribuido con la totalidad de su presentación. Lo improvisó.
Sí leyó el pedido para que la justicia «actúe» en la investigación sobre el atentado a Cristina «con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados».
La necesidad de destacar sus logros estuvo presente en cada párrafo y agregó un recurso que provocó gestos de fastidio entre los opositores: uno de los palcos estuvo reservado para ciudadanos que representaban políticas de Estado y saludaban a las cámaras cuando eran mencionados por el presidente.
Fueron reconocidos Guillermo Battolla, referente de una compañía argentina de biotecnología; María Parra Fuentes, beneficiaria de una vivienda y Gisela Segovia, una obrera de la construcción.
La lista se completó con el científico del Conciet Gabriel Ravinovich (trabaja en un tratamiento clínico contra el cáncer), Alicia Borhem y Antonia Lidia Blanco, rectoras de la Universidad Nacional de Misiones y de Patagonia, para pedir que se vote la creación de universidades. Los proyectos que mencionó el presidente son para abrir casas de estudio en la provincia de Buenos Aires.
La última protagonista, casi antes de irse, fue «Belén», quien perdió su trabajo tras ser víctima de violencia de género y es asistente de electricista en la Cooperativa Auge «que busca resolver los problemas de instalaciones en las viviendas de sus vecinos», destacó el presidente. «¡Ahhhhhhhh!», se escuchó en el sector de la oposición, molestos por la aparición de invitados civiles en el recinto.
Como parte de su auto reivindicación, que incluyó una crítica a los medios de comunicación («Hemos soportado una sistemática acción de desinformación», denunció), el presidente destacó que Argentina fue en 2022 uno de los países que más creció en el mundo y este año podría completar el tercer año con aumento de la actividad, «algo que no sucedía desde el 2008», recordó, con Cristina a su lado.
Luego desglosó el aumento de cada rubro, como automotriz, prendas de vestir, siderurgia, turismo, o la cosecha récord del campo. Y si bien dijo que no necesita del FMI para bajar el déficit fiscal, con elogios a Massa destacó haber cumplido la pauta de 2,4% de PIB impuesta por el organismo en el acuerdo firmado hace un año.
«No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte», señaló, en lo que puede ser entendido como una crítica implícita al kirchnerismo.
El presidente reconoció que los salarios no crecieron como esperaba y que la inflación «es un factor central de desorganización de nuestra economía». La definió como «un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas».
Y prometió abocarse a «reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo. Que quede claro».
Alberto ponderó el rol de las empresas públicas (como Aysa, Arsat, Invap y Aerolíneas) y denunció un lobby para privatizarlas. «Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés».
A diferencia de otros años, evitó anunciar una larga lista de leyes que luego no envía o no se tratan. Sólo anunció tres, pidió activar una agenda ambiental, reclamó por la de agroindustria y las universidades, «postergadas sin razón aparente».
«Cuando finalmente deje mi cargo, podré dar cuenta de todos y cada uno de mis actos y nadie podrá atribuirme un solo hecho por el cual me haya enriquecido. También me equivoqué, por supuesto. Pero cuando lo advertí fui capaz de revisar y enmendar lo hecho», se despidió Alberto. En el oficialismo lo aplaudieron.
Más historias
Kicillof construirá con fondos propios una presa clave para evitar inundaciones en el interior bonaerense
Carrió: «Santiago Caputo se vincula con el sector del poder más mafioso de la Argentina»
Javier Milei apuesta al apoyo de Trump para destrabar un préstamo con el FMI