El 6 de agosto quedará marcado en la memoria colectiva como la jornada en que una deflagración política sacudió las bases del Poder Ejecutivo. La consigna popular retumbó con nitidez en las calles y en la arena digital: «Las Malvinas son argentinas, y la tierra y los bosques tampoco se venden». Un lienzo con la proclama de la soberanía insular funcionó como detonante simbólico, articulando un rechazo transversal frente a la desregulación dominada por el Decreto de Necesidad y Urgencia y los proyectos legislativos que buscan habilitar la extranjerización de tierras y derogar la protección del manejo del fuego.
Por Jesús Marcelo Delise [email protected]
El escenario legislativo e institucional del país hoy en día, atraviesa horas de máxima tensión tras los acontecimientos vividos en la jornada del 6 de agosto en las inmediaciones y dentro del Palacio del Congreso. La atmósfera política, quedó impregnada por el quiebre de la iniciativa oficialista sobre la desregulación de la tierra y los esquemas de protección ambiental, en un marco donde el debate parlamentario y la manifestación en las calles alcanzaron un punto de inflexión.
El desplome de la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) y la inminente caída de las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815), dejó en evidencia la fragilidad parlamentaria del gobierno y una oposición que, por primera vez en meses, articuló fuerzas con gobernadores e intendentes para tomar la iniciativa.
El revés en la Cámara Alta y la nómina de votaciones
En el recinto del Senado, la estrategia parlamentaria del oficialismo sufrió un duro revés cuando la oposición logró reunir los votos para rechazar la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) e impedir el avance del proyecto sobre la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815).
La votación dejó al descubierto las alineaciones y las fisuras dentro de los diferentes bloques parlamentarios:
Votos en contra del proyecto oficialista:
Unión por la Patria:
Eduardo «Wado» de Pedro (Buenos Aires)
Juliana Di Tullio (Buenos Aires)
José Mayans (Formosa)
Anabel Fernández Sagasti (Mendoza)
Mariano Recalde (CABA)
María Inés Pilatti Vergara (Chaco)
Daniel Bensusán (La Pampa)
Alicia Kirchner (Santa Cruz)
Guillermo Andrada (Catamarca)
Carolina Moisés (Jujuy)
(Junto al resto del bloque unificado de 33 senadores)
Unión Cívica Radical (Sector Crítico):
Martín Lousteau (CABA)
Pablo Blanco (Tierra del Fuego)
Edith Terenzi (Chubut)
Por Santa Cruz:
Natalia Gadano (Santa Cruz)
José María Carambia (Santa Cruz)
Unidad Federal:
Edgardo Kueider (Entre Ríos)
Carlos «Camau» Espínola (Corrientes)
Votos a favor de la iniciativa oficialista:
La Libertad Avanza:
Ezequiel Atauche (Jujuy)
Vilma Bedia (Jujuy)
Ivanna Arrascaeta (San Luis)
Bruno Olivera (San Juan)
Juan Carlos Pagotto (La Rioja)
Francisco Paoltroni (Formosa)
Bartolomé Abdala (San Luis)
PRO:
Luis Juez (Córdoba)
Victoria Huala (La Pampa)
Alfredo De Angeli (Entre Ríos)
Carmen Álvarez Rivero (Córdoba)
Guadalupe Tagliaferri (CABA)
Unión Cívica Radical (Alineados):
Eduardo Vischi (Corrientes)
Rodolfo Suárez (Mendoza)
Mariana Juri (Mendoza)
Abstenciones:
Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires)
Carolina Losada (UCR – Santa Fe)
Alejandra Vigo (Unidad Federal – Córdoba)
Estrategia defensiva y límites legislativos:
El repliegue táctico del gobierno en la Cámara Alta teniendo que retirar dos de los pilares más cuestionados para salvar la aprobación del cuerpo principal de la norma expone la urgencia del oficialismo por consolidar reformas marco. No obstante, muestra también que el margen de negociación frente a bloques provinciales y opositores tiene un límite marcado por la preservación de los recursos estratégicos.
Tensiones en la conducción y el rol de las instituciones
La conducción en el senado por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, puso de manifiesto el clima de división que se vive en el seno del Poder Ejecutivo. Seguramente, uno de los Mayores miedos del oficialismo fue saber que Villaruel podía tener en sus manos la llave del desempate, poder este, que no estaban dispuesto a entregar y que podía desarticularse con un Milei de viaje y una vicepresidenta ubicada en el centro de poder como presidenta interina. Esta dinámica parlamentaria, derivó en fuertes cuestionamientos por parte de los sectores más duros del espacio oficialista que hasta reclamo su renuncia.
En paralelo, la exposición pública de las autoridades del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich defendió la aplicación del protocolo de orden público frente a las manifestaciones.
El desarrollo de los acontecimientos fuera del Congreso, que incluyó el uso de la fuerza pública al caer la tarde para despejar los accesos al edificio legislativo, generó duras denuncias por parte de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos sobre la magnitud de la intervención policial.
La respuesta de las fuerzas de seguridad ante la manifestación, con un saldo de heridos que incluyó a una fotoperiodista internada con traumatismo de cráneo, pone nuevamente en el centro del debate el costo institucional de los operativos policiales. La escalada del conflicto social tensiona la imagen del gobierno tanto en el plano interno como en el internacional.
Con el horizonte institucional apuntando hacia el ciclo electoral de 2027, la articulación opositora alrededor de banderas de soberanía e identidad territorial (articuladas bajo la consigna de soberanía insular y protección patrimonial) busca constituirse en un bloque de contención frente al programa oficialista.
El ciclo político entra así en una etapa de reacomodamiento, donde la capacidad del gobierno para sostener su agenda dependerá de si logra recomponer sus alianzas en el Congreso o si, por el contrario, el rechazo a las reformas estructurales continúa consolidando una alternativa política de cara a los próximos turnos electorales.
El tablero político ya ha sido alterado de manera irreversible: la mecha encendida en las calles y la fractura expuesta en el Congreso marcan el inicio de una cuenta regresiva que inexorablemente desemboca en 2027. La historia argentina ha demostrado en repetidas ocasiones que cuando la legitimidad de un proyecto se intenta sostener mediante el repliegue parlamentario y la fuerza pública en la calle, el desenlace no es una cuestión de posibilidad, sino de tiempo.
El horizonte de la Casa Rosada ha dejado de construirse sobre la promesa de un futuro de expansión para transformarse en una estrategia de contención y repliegue.
De cara al próximo turno presidencial, el verdadero interrogante ya no pasa por si el proyecto oficialista podrá sostener su hegemonía, sino por el costo institucional y el alcance del daño con el que la actual conducción política y sus aliados deberán rendir cuentas ante las urnas. La profecía del cambio de ciclo está en marcha, y la salida del poder no será un retiro ordenado, sino la estocada final para un esquema que no logró dimensionar la profundidad del Freno popular.
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