La propuesta busca brindar mayor seguridad jurídica a los ahorristas y ampliar el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Además, implementa modificaciones en los criterios de fiscalización de ARCA y mecanismos para agilizar devoluciones de fondos.
El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a incentivar la incorporación de los denominados «dólares del colchón» al sistema financiero formal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el objetivo de la medida es que los ahorros que permanecen fuera del circuito bancario puedan ser formalizados «sin penalidad de ningún tipo«. «Queremos que haya más inversión, y la contracara de la inversión es el ahorro, que hoy está debajo del colchón«, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa.
El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el propio Caputo, introduce una serie de modificaciones sobre dos ejes principales: el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y el sistema de prescripción tributaria.
Según el Ejecutivo, con estos cambios se busca equilibrar las facultades de fiscalización del Estado con una mayor protección para los contribuyentes. En ese sentido, la iniciativa elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen simplificado.
De aprobarse, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por esta modalidad, sin importar el nivel de ingresos o bienes declarados.
Además, la medida redefine los criterios que permiten a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuestionar una declaración jurada. También incorpora un piso mínimo para evitar impugnaciones por diferencias menores, habilita la posibilidad de rectificar declaraciones dentro de un plazo de 15 días sin perder beneficios y establece un mecanismo de devolución acelerada de pagos indebidos, con intereses, cuando una impugnación sea revocada.
En materia de prevención del lavado de activos, el proyecto establece que quienes adhieran al régimen simplificado deberán canalizar sus operaciones mediante instrumentos autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.
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