Lo analiza el gobierno después de definir las subas de la luz y el gas. Aysa pidió un 138% de suba. Pero por ahora fue rechazado para evitar el impacto inflacionario.
Después de definir el tarifazo de la luz y el gas, que comenzarán a regir en las próximas semas, el Gobierno de Javier Milei tiene el ojo sobre el servicio de agua y cloacas.
Al momento de recibir el pedido de aumento, la Secretaría convocó a una audiencia pública en marzo para tratar el tema, que a pesar de que el grado de la suba está en suspenso, sigue en pie.
Los nuevos valores de las tarifas se habían calculado sobre la base de gastos e inversiones a precios de diciembre de 2023, según manifestaron desde la firma estatal a partir de que “la inflación en 2023 fue superior a lo previsto (211,4% anual), por lo que los ingresos tarifarios resultan insuficientes para sostener los gastos operativos”.
Con el ajuste pretendido, AySA había proyectado que una factura promedio iba a pasar de costar $6.400 a $15.000, lo que explicaron señalando que era “a fin de contribuir lo más rápidamente posible a la reducción de la brecha de ingresos tarifarios y costos de operación y mantenimiento de los servicios, se propone un ajuste tarifario de emergencia”.
A pesar de la justificación de la empresa estatal, la actualización propuesta fue rechazada esta semana por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, para que la suba no genere mayor presión en la inflación. Al mismo tiempo, le solicitó a Aysa que elabore un nuevo esquema durante los próximos días con un menor grado de ajuste.
La compañía que brinda el servicio de agua y cloacas a más de 3,8 millones de hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no recibió en los últimos dos meses transferencias desde el Tesoro Nacional, al igual que todas las empresas públicas.
Los aumentos de tarifas de AySA los decide la Secretaría de Obras Públicas, que le trasmite la orden de qué tarifa aplicar al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), quien se encarga de especificar el nuevo cuadro tarifario a la empresa.
En la audiencia fijada para mediados del mes que viene, también se tratará un cambio en la medición del consumo dispuesta en la resolución 641/2023 del Boletín Oficial, que habilita la posibilidad de que en los edificios con medidores globales se les cobre a los usuarios de forma individual bajo el régimen tradicional no medido y se le abone al consorcio un cargo variable medido.
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