Sin acuerdo con los gobernadores, Mieli decidió no enviar el proyecto al Congreso. Si buscará eliminar las PASO y el financiamiento estatal de las campañas a los partidos políticos para las elecciones legislativas del año próximo.
Luego de amagues en uno y otro sentido, el Gobierno decidió que convocará a sesiones extraordinarias, aunque con un temario todavía incierto. Entre los proyectos que incluiría la convocatoria figura la reforma política, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y el financiamiento estatal a las campañas electorales, además de la reforma a la ley orgánica de los partidos políticos. Aunque en el oficialismo no tienen certeza de contar con los votos, sumaría otras iniciativas a cambio del acompañamiento de los bloques colaboracionistas como la privatización de Aerolíneas Argentinas, que ya tiene dictamen en Diputados impulsado por el macrismo. En cambio, la inclusión del Presupuesto 2025 está casi descartado ante el rechazo del Gobierno a los reclamos de las provincias. Mientras que aún está en duda si se incluirán los pliegos de los jueces propuestos por el Ejecutivo para ocupar las dos vacantes vigentes en la Corte Suprema.
La definición del Gobierno de convocar a extraordinarias fue divulgada por un alto funcionario del Gobierno, tras la reunión de Milei con todo su gabinete, que incluyó una foto de familia sonriente alrededor del Presidente que exhibía una motosierra sobre la mesa de cristal como símbolo de la destrucción del Estado.
Allí dieron por seguro que el temario incluirá la reforma política, que obsesiona a la Casa Rosada. Se trata de dos leyes que el Ejecutivo envió al Congreso pocos días atrás. Una propone la eliminación de las PASO y el sostenimiento estatal de los partidos políticos, las campañas electorales y los spots publicitarios gratuitos para que los mismos difundan sus propuestas. El Gobierno quiere convertirlo en ley y ponerlo en vigencia para las elecciones legislativas del año próximo con dos premisas centrales. Por un lado, sin primarias pondría en aprietos al resto de la oposición para dirimir diferencias y candidatos. Por el otro, dejar en manos privadas el financiamiento de la campaña electoral, donde el oficialismo está seguro que no tendrá dificultades para recaudar fondos de las corporaciones y magnates que apoyan su gobierno.
El otro modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Tras conseguir recientemente el reconocimiento de La Libertad Avanza como partido nacional, el gobierno propone aumentar las exigencias para obtener esa personería. Entre ellas su reconocimiento en 10 de los 24 distritos electorales del país y ya no 5 como ahora. Y conseguir al menos el 3 por ciento de los votos en dos elecciones consecutivas para poder seguir presentándose a los comicios. El argumento que esgrime el Gobierno es “terminar con los sellos de goma”. Los mismos de los que se valió Milei para ser candidato.
Sin presupuesto
En tratamiento del Presupuesto 2025, está prácticamente descartado de la convocatoria a extraordinarias. El Gobierno ratificó la postura de sostener su mantra del déficit cero y rechazó el pliego de condiciones de los gobernadores electos bajo el sello del disuelto Juntos por el Cambio y encara una negociación individual con cada uno de ellos bajo los designios de Javier Milei. De esta manera no habrá “ley de leyes” y Milei volverá a prorrogar por segunda vez el Presupuesto de 2023, que le abre camino a la discrecionalidad del manejo de las partidas.
En un último intento de abrir una negociación colectiva, los diez gobernadores cambiemitas emitieron un comunicado en el que sostienen que el Gobierno “debe contar” con el Presupuesto “para consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores y, como corolario, generar puestos de trabajo en el sector privado”. Argumentos que también dividen aguas al interior del Gobierno.
«No estamos dispuestos a negociar ninguno de los puntos del comunicado. Si ellos quieren presupuesto, tienen que aprobar el que está», insistieron de todos modos en Casa Rosada tras el documento emitidos en las últimas horas por los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC).
Los reclamos de los gobernadores consisten en las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
Los que llevan las cuentas en la administración libertaria estiman que los pedidos configuran un total 3.700 millones de dólares.
Si bien en los últimos días los negociadores del Poder Ejecutivo no descartaban avances con las provincias, este jueves dejaron trascender que las conversaciones son escasas y que la posibilidad de añadir el Presupuesto 2025 en el temario «es muy baja», por lo que se espera la prorroga del Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo.
Toma y daca
Por otro lado, y tras un nuevo fracaso de la Cámara de Diputados en su intento por tratar el proyecto de Ficha Limpia que impide a los condenados en segunda instancia poder ser candidatos a cargos electivos, en el Gobierno ven con buenos ojos la chance de tratar esa iniciativa en diciembre a cambio de que el PRO y el radicalismo acompañen la reforma electoral.
Más historias
Una maniobra que se parece a la censura
Javier Milei cerrará este miércoles la Conferencia Conservadora en Buenos Aires
Las organizaciones sociales le ganaron a Pettovello la pulseada por la entrega de alimentos