Ante las señales hostiles del gobierno, Gezhouba abandonó el país. Ahora China analiza demandar a Argentina por más de USD 30.000 millones.
La historia de las represas de Santa Cruz fue tortuosa. Se trata de la obra más importante que tiene China fuera de su territorio, presupuestada inicialmente en USD 4.700 millones.
La obra arrancó en 2013 impulsada por Cristina Kirchner. Con el cambio de gobierno, Mauricio Macri la puso en pausa con enormes costos en intereses y punitorios. Durante el mandato de Alberto, volvió a operar a un ritmo lento, con el financiamiento mínimo para el sostenimiento del proyecto, mientras se negociaba la actualización de los contratos.
Ahora, el gobierno de Javier Milei tensó la situación hacia un punto del cual parece no haber retorno, con insultos directos a la potencia asiática y coqueteos con Taiwan. La administración libertaria por ignorancia o decisión pisó así un cable de alto voltaje geopolítico.
La respuesta tardó, pero llegó. La firma china Gezhouba que tiene a cargo la construcción de las dos represas de Santa Cruz abandonó el país, hartos de esperar que el gobierno de Milei firme los contratos necesarios para continuar con la obra.
Gezhouba es socia de la UTE local, conformada por Eiling (Ex Electroingenieria) e Hidrocuyo. La salida de la firma china incluyó el regreso a su país de los ingenieros, operarios y directivos que estaban en el país. Este martes, el consorcio finalmente anunció la paralización total de la obra con el despido de 1800 trabajadores, con el lenguaje siempre protocolar y positivo de la diplomacia china.
Semanas atrás los representantes de las tres empresas mantuvieron una reunión con las autoridades de Enarsa, con un saldo amargo. La conclusión compartida es que el gobierno nacional canceló las conversaciones a primer nivel del Estado. La estrategia de los libertarios es frenar todos los avances en terceras líneas encargadas de dilatar los asuntos.
A partir del relato de referentes políticos locales con fuertes lazos con el gigante asiático, la decisión es el primer paso de una serie de durísimas represalias que el gobierno de Xi Jinping no descarta ejecutar.
«El posicionamiento geopolítico de Milei se agrava a los ojos de China ante la posibilidad que Donald Trump recupere la presidencia de Estados Unidos. Su alineamiento total con el republicano no es un tema menor para Xi Jinping», explicó un diplomático que conoce de adentro el régimen comunista.
En este contexto Xi Jinping tiene una carta brava: el incumplimiento del contrato por la obra de las represas contiene una cláusula cruzada con el swap pendiente de pago y el proyecto de modernización del Belgrano Cargas, que también cuenta con financiamiento del gigante asiático. Se trata de créditos vínculados que podrían caerse.
Si China decide ejecutar esos créditos el país podría enfrentar deudas por más de USD 30.000 milones de dólares (USD 18.000 del swap, USD 4700 de las represas represas y los costos punitorios que alcanzan también al Belgrano Cargas estimados en poco menos de USD 10.000 millones). Para dimensionar, el número equivale al doble de lo que dice necesitar Luis Toto Caputo para dolarizar toda la economía.
China es el segundo socio comercial de la Argentina, muy pegadito a Brasil. El intercambio entre ambos países alcanzo los USD 13.000 millones en el 2023 y se distribuye de manera bastante federal. Las compras asiáticas representan -por ejemplo- el 45,4% de las exportaciones de Catamarca, el 22,1% de las de Entre Ríos y el 20% de las de La Pampa.
Si la tensión escala al cobro de las deudas se podría sumar la decisión de dejar de comprarle al país soja y carnes. De hecho, luego d elos cruces con el gobierno de Milei, China decidió privilegiar al Brasil de Lula en la apertura de su mercado a los pollos.
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