Los múltiples allanamientos realizados por la Justicia no sirvieron para determinar quién hizo y quién llevó a Neuquén los muebles por los que Jonathan Morel, líder de la violenta agrupación de ultraderecha, cobró casi 14 millones de pesos. Los investigadores sí encontraron a personas que le prestaron a Morel facturas truchas emitidas para la firma de la familia del exministro macrista Luis Caputo.
A la dificultad de encontrar a Caputo Hermanos S.A. y las empresas a las que, en teoría, Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, les derivó la fabricación de muebles, se sumaron otras sorpresas: en el allanamiento a la casa de una mujer que emitió facturas para la firma de la familia del exministro macrista de Finanzas Luis Caputo no sólo no había máquinas o infraestructura para fabricar nada, sino que ella reconoció que emitió al menos dos comprobantes por 3,4 millones de pesos porque conocía a Morel y, ante su pedido, le hizo “el favor de facturar”. En un allanamiento en Espacio Añelo, el emprendimiento en Neuquén para el que supuestamente Morel proveyó muebles en grandes cantidades y por lo que cobró casi 14 millones de pesos, se constató que éstos existían, pero los investigadores no pudieron dar hasta ahora con la empresa y las personas que se ocuparon de transportarlos más de mil kilómetros. Tampoco está claro quién hizo qué mobiliario y se vienen medidas para cotejar si lo que se pagó se corresponde con los valores de mercado.
El propio Morel dijo en su indagatoria que recibió pagos por más de 13 millones de pesos, en una operación que le encargó Roxana Caputo, una de las hermanas del exministro que tuvo un cargo directivo en Caputo Hermanos. Pero aseguró que el dinero no llegó íntegro a su cuenta ni en blanco, lo que hizo crecer las sospechas sobre un posible financiamiento de las actividades violentas de su agrupación, que según el juez Marcelo Martínez de Giorgi, fueron centrales en engendrar un clima que tuvo como punto máximo el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Desde que comenzaron las inspecciones y allanamientos vinculados surgieron toda clase de bloopers y obstáculos: los domicilios que se supone que hicieron trabajos para Añelo –vía Morel–eran casas particulares donde con suerte se hacían patas para mesas o alguna cortina; Caputo Hermanos tampoco tenía sede en las direcciones consignadas y los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) peregrinaron de un lado a otro.
Carrera de obstáculos
Por lo pronto, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, tuvo que reiterarle a la empresa Flybondi el pedido de información no respondido sobre el viaje que hizo este año Morel a Neuquén con esa empresa. Quiere saber cómo se pagó el pasaje, quién abonó y la identidad de quien lo adquirió, así como todos los otros boletos pagados con la misma operación. Le dio cinco días de plazo.
En su resolución, el magistrado también volvió a pedir a cuatro bancos (Santander, Patagonia, Provincia de Buenos Aires y Comafi) información sobre transferencias y movimientos desde mayo hasta a la actualidad de varias personas y empresas, empezando por Espacio Añelo y allegados, Santa Clara Sur, Morel, su expareja Evelyn Balboa, su socia Ailen Cintia Vallero, los otros procesados de Revolución Federal (Leonardo Sosa, Sabrina Basile, Gastón Guerra) y otros nombres y sociedades a los que se supone que la carpintería de Morel tercerizó trabajo. Recordó a las entidades que se levantó el secreto fiscal y bancario.
Los muebles y el transporte
La PSA mandó agentes el 11 de noviembre último a Espacio Añelo –el nombre de uno de los fideicomisos de Caputo Hermanos que a su vez es un emprendimiento inmobiliario–, en Vaca Muerta. Los recibió Luis Gerardo Palmar Rincón, quien figura como el “jefe de obra del inmueble” y les informó que el edificio está todo alquilado por la empresa Nabors Internacional Argentina S.R.L. para que “su personal resida temporariamente”. Los efectivos contaron 60 departamentos, 24 de un ambiente, 24 de dos y 12 de tres. Concluyeron que los muebles que había en el lugar son los que Caputo Hermanos dijo haber encomendado a Morel, aunque éste no los hizo. Algunos departamentos estaban ocupados pero para el cálculo se hizo un muestreo ya que el equipamiento se repetía.
Contaron “144 respaldos de cama, 144 mesas de luz, 60 mesas ratonas, 24 mesas de comedor rectangulares, 24 barras desayunadoras, 12 mesas de comedor redondas, 60 racks de tv bajos, 60 percheros, 144 bases de somier de una plaza, 144 colchones de una plaza, 144 almohadas, 108 sillas negras, 48 banquetas, 144 veladores, 48 cortinas black out con riel de hierro de 2400×1400 mm., 20 cortinas black out con riel de hierro de 2200x2000mm., 30 cortinas de tela translúcida con riel de hierro de 2200×200 mm., 4 cortinas black out con riel de hierro de 2200x1400mm., 6 cortinas en tela translúcida con riel de hierro de 2400x 1400mm. y 36 sillones de dos cuerpos”.
Esta constatación no despeja las hipótesis. La siguiente cuestión a analizar era cómo llegaron los muebles tercerizados hasta ahí. Martínez de Giorgi ordenó recuperar la documentación que diera cuenta de su recepción y el traslado. Según los papeles presentados por Flavio Caputo –presidente del directorio de la empresa familiar–, a través de su abogado Matías Cúneo Libarona, el edificio se hizo con una estructura de acero (llamada “Steel frame”) que se puede armar en el lugar y estuvo a cargo de Idero SRL que, se supone, hizo los traslados de materiales en camiones pero no está claro si estaban incluidos los muebles.
La PSA también se dirigió a las oficinas de Idero, en Esteban Echeverría 4204, en Munro. Los agentes fueron recibidos por Claudia Azparren, jefa de Recursos Humanos, y Hernán Vittino, gerente de Compras. “La documentación requerida no se encuentra en el edificio ya que no realizamos el traslado de la parte mobiliaria, ni tampoco la compra de dichos muebles”, dijo Vittino. El jefe de obra, informaron, fue Emanuel Dahir y a él se le atribuye haber recibido el mobiliario. Debe testificar el 23 de noviembre por Zoom.
Allanamientos y más dudas
Así las cosas, no hay certezas sobre quién fabricó los muebles y quién los llevó desde Boulogne hasta Neuquén. En el intento de resolver este enigma hubo más allanamientos a empresas y personas que aparecían como parte de la red de tercerización de Morel para satisfacer el pedido de Roxana Caputo. Morel contó –algo bastante inverosímil– que se conocieron un día que ella pasó por casualidad por su carpintería, le gustó una mesita y se la compró; después lo volvió a llamar para repararla y, a partir de ahí, le hizo el gran encargo para los fideicomisos.
Como parte de los procedimientos, y siguiendo también nombres que aparecían en los reportes de facturas vinculadas a Caputo Hermanos que entregó la AFIP, la PSA fue a la casa de María Isabel Said, en Boulogne. Iba con la instrucción de chequear “si había infraestructura y maquinaria necesaria para brindar los servicios que les habrían sido requeridos, directa o indirectamente, por el Fideicomiso Espacio Añelo». En el domicilio de esta mujer de 62 años encontraron “comedor, cocina, baño, tres habitaciones, pasillo, bodega, patio y garage” pero ninguna máquina ni nada parecido. Le preguntaron a Said si tenía comprobantes del “amoblamiento vinculado a Espacio Añelo” y entregó dos. La mujer pidió aclarar lo siguiente a los presentes, según dice el acta: “Conoce al Sr. Morel, a quien le hizo el favor de facturar las dos facturas antes mencionadas, debido a que Morel, no poseía cupo para realizar las mismas según sus dichos”.
Las facturas de Said, según el informe del allanamiento al que accedió este diario, son las número 00000138 y 00000137, por 828.854 y 2.621.539 pesos, respectivamente, y fueron emitidas el 27 de julio de este año. Como es evidente, esta situación aumentó las dudas y sospechas sobre la entrega de dinero al líder de Revolución Federal, en momentos, además, de auge de la violenta organización.
Otro domicilio registrado por la PSA el 15 de noviembre fue el de Héctor Di Rico, en Loma Hermosa, una casa de cinco ambientes, sin ninguna infraestructura de trabajo. Pero el hombre les entregó a los agentes facturas por 383.400 pesos por la confección de 284 cortinas. Dos días después fueron a un domicilio de Sergio Cayetano Verde, en Pablo Podestá, quien dijo frente a efectivos y testigos que se dedica a la compra-venta de muebles, que se almacenan en un depósito en San Andrés, y que había emitido tres facturas para Espacio Añelo. Nada se sabe aún del depósito y los muebles.
La causa se ensancha
Todavía restan procedimientos, cruces de facturas relevadas por la AFIP con servicios efectivamente (o no) prestados, la utilización eventual de prestanombres para recibir plata y un cotejo que establezca si el dinero que recibió Morel se corresponde con valores de mercado.
Mientras tanto, la causa de Martínez de Giorgi, focalizada en las actividades violentas, amenazantes y destituyentes organizadas por Revolución Federal en las calles y en las redes sociales comenzó a aglutinar a otros expedientes donde se repiten los protagonistas y se agregan más.
El juez Ariel Lijo le envió el expediente donde se investiga a Sosa y a Natanael Reinsten Menin, quienes participaron de una marcha para provocar a quienes se manifestaban cerca de la casa de CFK, en su apoyo. El segundo tenía una bomba molotov en su mochila, lo que muestra que lo que anunciaban en las charlas en vivo de Twitter Spaces estaban dispuestos a llevarlo a la práctica, ya que hablaban de tirar bombas de distinto tipo. También de matar (lo decían aludiendo a CFK, a Alberto Fernández y Máximo Kirchner, entre otros). Se sumaron una causa donde es investigado Gastón Guerra, quien golpeó el auto de Sergio Massa el día de su asunción en Economía y agredió a un periodista, y otra contra varios integrantes del grupo que insultaron y escupieron a las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer. Luego están los episodios violentos en el Instituto Patria, donde también estuvieron Morel y Guerra.
Todavía tramita en forma separada, sin embargo, la causa por el intento de magnicidio, pese a los planteos de Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita y los puntos de contacto que comenzaron a aparecer: los relacionados con la creación de un clima de violencia y los vínculos concretos, como la participación de Brenda Uliarte en dos protestas de Revolución Federal. Uliarte, se sabe, ideó en buena medida el plan para matar a la vicepresidenta que intentó llevar a cabo su aparente novio, Fernando Sabag Montiel, ambos presos, igual que Gabriel Carrizo, dueño del negocio de los copos de azúcar. La mecánica usada por Uliarte y Sabag Montiel era la que describía y anhelaba el propio Morel en sus exposiciones. La jueza a cargo de la causa por el atentado, María Eugenia Capuchetti, fue recusada por la querella de CFK, pero no quiso apartarse. Habrá una audiencia en la Cámara Federal este miércoles y la decisión estará en manos de Leopoldo Bruglia, uno de los jueces nombrados a dedo por Mauricio Macri.
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