La vicepresidenta recibió una contundente muestra de apoyo por parte del Presidente, dirigentes, gobernadores y legisladores del oficialismo, así como también organizaciones sociales, de trabajadores y militantes. Estos últimos por la noche se dirigieron a su casa del barrio porteño de Recoleta para apoyarla tras el pedido de condena en la causa por la obra pública de Santa Cruz.
El Presidente, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron este lunes su «solidaridad» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el «hostigamiento político, judicial y mediático» expresado en el juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de «proscribir» o «condicionar políticamente» a la exmandataria.
El presidente Alberto Fernández transmitió su «más profundo afecto y solidaridad» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia «la persecución judicial» en su contra.
El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
«Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas», escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: «Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner».
En su posteo, adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que «el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada este lunes, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad».
«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina», escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro en su cuenta de la red social Twitter.
«En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos», pidió De Pedro en su hilo de tuits, a los que adjuntó un posteo de esta mañana de la Vicepresidenta.
El ministro de Economía, Sergio Massa, consideró «absurdo» que los fiscales de la causa ‘Vialidad’ hayan planteado «que el jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes», al criticar el pedido de 12 años de prisión y la inhabilitación contra la Vicepresidenta, y señaló que eso supone un «peligroso antecedente» que implica modificar el «Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad».
«Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes», aseguró este lunes desde las redes sociales.
Además, el titular del Palacio de Hacienda compartió desde su cuenta de Twitter el documento oficial del Gobierno sobre el cierre del alegato de los fiscales en el juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, con el que el Ejecutivo condenó «la persecución judicial y mediática contra la Vicepresidenta».
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseveró que «hoy estamos viendo como parte del poder judicial está queriendo proscribir a @CFKArgentina».
«La Argentina se merece una Justicia independiente. Es imperioso para nuestro sistema democrático no dejar pasar esta persecución política», remarcó.
Para el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, la «falta de pruebas contra @CFKArgentina muestra que existe una persecución política en marcha» y además señaló que «esas prácticas no deben ser parte de nuestra democracia».
«Repudiamos la persecución judicial y política a @CFKArgentina, quien cambió la historia de nuestro país para transformar la vida y la educación de millones de argentinos», expresó el titular de Educación, Jaime Perczyk.
Apoyo de gobernadores
Gobernadores provinciales del Frente de Todos (FdT) expresaron en redes sociales su repudio al intento de «proscripción» contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y manifestaron su solidaridad, luego de que el fiscal Diego Luciani presentara este lunes el pedido de condena de 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta.
«Expreso mi rotundo repudio a la judicialización de la política, como así también a la acusación infundada que intenta proscribir o condicionar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner», escribió el vicegobernador de Tucumán a cargo del Poder Ejecutivo provincial, Osvaldo Jaldo, en su cuenta de Twitter.
Y continuó: «Sin dudas se está haciendo un daño irreparable a su persona, pero también a nuestra República y al sistema democrático que tanto nos ha costado mantener vigente. Nuestra solidaridad absoluta ante este lamentable hecho que debe preocuparnos a todas y todos los argentinos».
En tanto, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó su «total rechazo a este armado judicial y político contra nuestra Vicepresidente, que no hace otra cosa que afectar a nuestra democracia».
Y denunció: «No solo es la proscripción contra Cristina Fernández, sino que se quiere provocar un daño muy grande al campo nacional y popular».
«Todos miramos con muchísima preocupación el avance de la justicia sobre la política, con un andamiaje que, insisto, tiene que ver con una cuestión política contra quienes piensan distinto a los grupos de poder en nuestro país», subrayó el mandatario provincial y aseguró que «es necesario que todo el arco político se exprese en contra de este avance sobre la República, porque la gran mayoría del pueblo argentino está movilizado en defensa de nuestros dirigentes, de la transparencia judicial y nuestra Vicepresidenta».
Por su parte, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, remarcó que «una parte del poder judicial quiere proscribir a CFK como lo hicieron con Lula y otros».
«Arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino. Exigimos el fin de la persecución, vivamos en democracia», señaló.
En esa misma línea, el mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, aseguró que «la persecución judicial y mediática contra Cristina solo tiene como principal objetivo proscribirla políticamente», y coincidió en que «son las mismas maniobras judiciales extendidas en Latinoamérica para impedir que gobiernos democráticos defiendan los intereses del pueblo».
«Mi más enérgico repudio a estos hechos y toda mi solidaridad hacia la vicepresidenta de los argentinos y argentinas», agregó.
El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, expresó que «con Cristina no se jode» y agregó: «Cristina contra el poder, en el medio no hay nada».
El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló por su parte que el juicio por la causa vialidad es «un gran operativo de persecución política contra Cristina Kirchner». Aludió, también por Twitter, a que «un fiscal sin pruebas concretas en el juicio apelará a un compendio de frases construidas en el tiempo por Clarín, La Nación, Lanata y hasta Viviana Canosa».
«También echará mano -continuó Moreau- a dichos en otros juicios. Sabe que goza de la impunidad de ser compinche del presidente del tribunal».
Moreau concluyó que «el pueblo movilizado pacíficamente se encargará de defender el Estado de Derecho».
Desde los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires repudiaron «la persecución judicial» contra Cristina Kirchner. Aseguraron que la causa vialidad «es un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante en forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015».
«En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente», sostuvieron.
Los diputados nacionales del Frente de Todos, en tanto, ratificaron en un comunicado su «solidaridad con la compañera vicepresidenta» y repudiaron «toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales». «La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución», expresaron los legisladores.
Afirmaron que el objetivo es «condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina».
Por su parte, los senadores nacionales del FdT, también en un comunicado, aseguraron que existe una «persecución política» contra la Vicepresidenta que proviene de «una parte de la Justicia».
En un comunicado difundido esta mañana de lunes, el grupo de senadores que encabeza el formoseño José Mayans expresó que esto se lleva a cabo «en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares».
«Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa», precisaron los senadores del Frente de Todos.
El objetivo del juicio es «condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina»Bloque de diputados nacionales del FdT
Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), dijo que «no es algo contra» ella (en alusión a la Vicepresidenta) sino que «vienen por el peronismo».
«Esto es un bochorno, una vergüenza, este sector de la Justicia es parte del PRO», añadió en declaraciones a FM La Patriada.
Para García, «a Cristina se la está juzgando por haberse enfrentado a los sectores de poder», por lo que consideró que «todo lo demás es fabulación, es un alegato sin sustentación, sin pruebas y con actos de provocación».
Intendentes bonaerenses del FdT también hicieron llegar sus palabras de apoyo a Fernández de Kirchner a través de Twitter.
«La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a lxs trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo«, evaluó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
También el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza manifestó su apoyo y afirmó que «no vamos a permitir que se dañe nuestra democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar».
«Cristina es sinónimo de más derechos populares e igualdad. Eso molesta mucho a las minorías privilegiadas que buscan su proscripción», indicó.
LA CTA ADVIRTIÓ QUE SALDRÁ «A LAS CALLES» SI EL «PROCESO PROSCRIPTIVO» CONTRA CRISTINA CONTINÚA
La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) repudió «la conjura» de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que busca «proscribir» a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante una «burda acusación de asociación ilícita» y advirtieron que saldrán «a las calles» si se «atentara contra la libertad» de la expresidenta.
Así lo expresó en un comunicado la entidad dirigida por Hugo Yasky, que advirtió que «no dudará un instante en volcarse a las calles para acompañar a la Vicepresidenta» en caso de que este «proceso proscriptivo siguiera su curso y atentara contra la libertad de Cristina y contra la plena vigencia de la Constitución».
Además, señaló que «no hay una sola prueba que les permita sostener esta ‘patraña de fraude contra el Estado’ perpetrado por una pretendida ‘asociación ilícita’ que, tanto Cristina en su carácter de Presidenta de la Nación, como (el expresidente) Néstor (Kirchner), (exministro) Julio De Vido y otros habrían integrado para ‘sustraer fondos del Estado en beneficio particular'».
Y agregaron: «Esta conjura antidemocrática de la Fiscalía en la causa conocida como ‘Obra pública’ se mantiene con fiereza porque es la punta de lanza de toda una ofensiva gorila y antipopular que es alentada por los grandes grupos económicos y el conjunto del poder fáctico».
«No estamos en disposición de tolerar ningún golpe a la voluntad popular», completó la CTA.
EL PARTE SE MANIFESTÓ EN CONTRA DE LA «FALTA DE INDEPENDENCIA» DEL PODER JUDICIAL
El Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) manifestó su preocupación por el uso de la ley para «intentar la subordinación y proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner con miras a las elecciones presidenciales del 2023, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera una condena para la vicepresidenta de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
«La falta de independencia del poder Judicial se pone en evidencia al actuar en conjunto con algunos medios de comunicación y partidos políticos opositores», expresaron en un comunicado desde el partido fundado en 2012 por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien además encabeza el Partido Justicialista.
En ese sentido, el texto señala que «todas y todos los argentinos nos merecemos un Poder Judicial independiente ajeno a las estrategias electorales que van en desmedro de un auténtico republicanismo, condición fundamental para un estado de derecho».
Además, el comunicado compara la «persecución judicial» de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con «otros casos en la región: Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva y Dilma Rousseff».
Estos casos son «la prueba de la vigencia del ejercicio del lawfare por parte de los sectores reaccionarios que pretenden el regreso del neoliberalismo», completa el texto difundido por el partido que preside el legislador porteño Claudio Ferreño (Frente de Todos).
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