La Iglesia deja de recibir fondos del Estado

Arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares renunciaron a percibir una asignación mensual que establece una ley de 1979.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó ayer que los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares de la Iglesia católica renunciaron a percibir la asignación mensual que recibían por parte del Estado nacional.

“La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950”, expresaron en el documento.

La ley 21.950 (del año 1979) establece que los «arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos».El 25 de abril de 2023, el entonces Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado que los arzobispos y obispos que «hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley», se detalló.

«El monto actual de la asignación es de $98.000», precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.

Además, se recordó que en 2018 la CEA había anunciado su «decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales» y se consignó que en julio de 2020 «los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país».

«Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el 1’% del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres«, se destacó.