Trump, las Malvinas y la Antártida

La amenaza de Donald Trump de que podría revisar su histórico apoyo al Reino Unido sobre las Malvinas debido al rechazo del primer ministro Keir Starmer a respaldar a Estados Unidos en su guerra contra Irán fue un gesto que causó zozobra en el gobierno británico. Sin embargo, la mirada de Trump sobre las islas y, más ampliamente, sobre el Atlántico Sur, parecía ir en otra dirección.

El interés principal del mandatario estadounidense estaría centrado en las riquezas del subsuelo antártico: Washington descuenta que el aumento de las temperaturas debido al cambio climático podría facilitar su extracción y explotación. En este sentido, según la revista especializada Nature Climate Change, se espera que, por efecto del calentamiento del planeta, la superficie del territorio antártico esté libre de hielo en un 55% en las próximas tres décadas.

La futura condición del continente de hielo y la facilidad de acceso a sus recursos estratégicos podrían generar el interés renovado por parte de gobiernos como el de Estados Unidos, pese a que todas las demandas de soberanía fueron dilatadas por el Tratado Antártico de 1959.

En este sentido, con las solicitudes territoriales en suspenso, el acuerdo establece que la Antártida solo debe utilizarse con “fines pacíficos” (por ejemplo, para objetivos científicos) sin contemplar ventajas económicas. Expresado en términos muy simples, hoy la Antártida no pertenece a nadie ni a ningún gobierno en particular y, por consenso entre las 58 naciones firmantes del Tratado, prohíbe cualquier tipo de actividad con fines comerciales.

De acuerdo con estas premisas, hasta el momento se han establecido en la Antártida más de 70 estaciones de investigación, operadas por alrededor de 30 países, con Argentina, China, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos como los más comprometidos. Luego el Protocolo de Madrid, de 1991, consagró la protección ambiental como un imperativo para la preservación de la Antártida.

Pero todo podría cambiar en los próximos años. A partir de 2048, cuando se cumplan cincuenta años de la entrada en vigor del Protocolo, los gobiernos podrán solicitar modificaciones al Tratado Antártico: el interés podría provenir directamente desde los Estados Unidos, y además podría responder a las demandas de actores no estatales, como ocurre con las multinacionales y las megacorporaciones, varias de las cuales se están desarrollando actualmente en Silicon Valley.

Hasta ahora, la posición de Estados Unidos es bastante singular: no reconoce la soberanía de ningún país sobre la Antártida y no ha presentado ninguna reclamación territorial formal. Por otro lado, se reserva explícitamente el derecho a presentar una reclamación en el futuro.

Aun sin demandas soberanas, Washington gestiona tres instalaciones de investigación estratégicamente importantes: la Estación del Polo Sur Amundsen-Scott, la Estación McMurdo y la Estación Palmer, además de dos buques de investigación. Y más allá de las motivaciones científicas, el interés en la Antártida también esconde intereses específicamente geopolíticos.

Como ocurre en su doctrina latinoamericana y respecto a Groenlandia, la Casa Blanca aduce que el principal peligro para la seguridad hemisférica es la presencia cada vez más notable de China. Para Trump, la Antártida no sería la excepción: Beijing cuenta con cinco bases científicas y en marzo de 2025 anunció su intención de construir un nuevo centro de investigación cuyo término está previsto para 2027 y que se ubicaría en la Tierra de Marie Byrd, en la Antártida Occidental.

Se trata del mismo territorio que Estados Unidos analiza reclamar como propio en los próximos años y que constituye la mayor extensión de tierra sin reclamar que todavía queda en el planeta. Sería también una de las regiones polares más afectadas por el cambio climático.

Los estudios iniciales sobre el subsuelo de la Tierra de Marie Byrd dan cuenta de petróleo, carbón y de un verdadero tesoro de minerales, entre los que se encuentran hierro, cobre, oro, plata, platino y cobalto. También tierras raras, fundamentales para los dispositivos electrónicos de última generación, y centrales para la comunicación, la movilidad y, sobre todo, las guerras del futuro.

Además de las riquezas presentes bajo el hielo, la presencia soberana sobre la Tierra de Marie Byrd le posibilitaría a la Casa Blanca y, puntualmente, al Pentágono, un más amplio acceso a las comunicaciones satelitales en órbita terrestre, con información sensible y estratégica sobre los dos recursos que más interesan a Estados Unidos en este momento: las comunicaciones militares y el tráfico económico. El polo sur entraría dentro de la más amplia disputa geopolítica desenvuelta desde Washington y que hasta el momento tiene a Groenlandia y el Ártico como uno de sus principales ejes de disputa global contra China y, en este caso particular, también frente a Rusia.

Por último, la declaración de soberanía sobre un territorio no reclamado podría impulsar una iniciativa más amplia: un marco territorial occidental coordinado desde Estados Unidos que organice las reivindicaciones de sus aliados y que, bajo la exclusión de cualquier adversario, proporcione una estructura jurídica viable para la gobernanza de los recursos estratégicos una vez que el Protocolo de Madrid sea, eventualmente, modificado o, incluso, dado de baja.

Si Trump exige Groenlandia para los Estados Unidos, avanzando en contra de Dinamarca y de organizaciones contra la Unión Europea y, todavía más, contra la OTAN, de la que forma parte como su principal miembro fundador, ¿por qué no demandaría una amplia extensión de territorio que, a diferencia del anterior, nunca ha sido reclamado por nadie? ¿Quién o qué le impediría hacerlo? ¿El Tratado Antártico o el Acuerdo de Madrid, un instrumento internacional dedicado a preservar “la paz y la ciencia” en el continente blanco?

El reclamo sobre las Malvinas a un aliado histórico como el Reino Unido, sin duda, fue un enorme llamado de atención al gobierno de Keir Starmer, que luego fue relativizado por Marco Rubio y el Departamento de Estado durante la reciente visita del rey Carlos III a los Estados Unidos.

Lo que no constituye un llamado de atención, sino una amplia estrategia, es el interés de Washington por utilizar a las Malvinas como un punto de apoyo estratégico para su futura y progresiva penetración a gran escala dentro del territorio antártico. Londres estaría invitado a sumarse siempre y cuando cumpla con su parte en un acuerdo muy amplio y ceñido a las exigencias del norte.

Por otro lado, sería conveniente que el gobierno de Javier Milei, que abandonó a las islas a su suerte (es decir, a Londres), tomara nota de que, en realidad, nunca estuvo contemplado que se incorporara a esta iniciativa. Ni mucho menos, que Trump respaldara la demanda histórica argentina sobre las Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.