En lo que va del año, el Gobierno envió apenas el 8% de los fondos necesarios para mantener la infraestructura ferroviaria.
En la presentación, el abogado aseguró que «dado a que la mecánica del hecho que motivara el inicio de las presentes actuaciones a priori la desfinanciación de las partidas que contribuían a la seguridad del tren constituye motivo bastante para sospechar que los ministros Luis Andrés Caputo, Franco Mogetta y el motorman de la formación, el señalero, el responsable del puesto control trenes, el gerente de Línea San Martín, el gerente general de operaciones y el presidente Luis Adrian Luque, resultan ser penalmente responsables de su comisión por acción u omisión en referencia a las responsabilidades de los mencionados».
El escrito detalla los motivos de pedido de indagatoria a los funcionarios «por entender dos claras responsabilidades entre los mencionados, la de los funcionarios públicos por desidia, y las de los profesionales técnico operativos por negligencia en las tareas acordes a cada uno y en la medida en que Vuestra Señoría comparta nuestra visión amplia de la cadena de responsabilidad mencionada «ut supra», manifestó.
La presentación de Dalbón fue ante el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo la investigación del choque en Palermo. Además de la indagatoria a funcionarios, la querella accionó otras solicitudes.
Entre las medidas requeridas por Dalbón, se le pidió al Ministerio de Economía de la Nación que informe «desde el mes de enero hasta el mes de mayo del año 2024, los montos de las partidas económicas enviadas para la circulación, seguridad, necesarias para el normal funcionamiento de la línea San Martín». Al mismo tiempo se solicitó saber si dichas partidas cubren en forma regular y proporcional los gastos necesarios.
En tanto, a la Secretaría de Transporte de la Nación se le requirió detalles sobre «quiénes configuran ser los proveedores del material, señalamiento, electricidad, mantenimiento de vías, incluso los jardineros que deben mantener el pasto cortado para no obstaculizar la visión de los motorman».
El pedido de Dalbón también incluyó el pedido de informe del día 28 de febrero de 2024, donde «seguridad avisa robo de cables» y del 28 de febrero de 2024 a la fecha 10 de mayo de 2024, para saber si «hubo partida o presupuesto para reponer el cable denunciado como robado». Asimismo informe si dicho cable estaba en stock y manifieste «cuáles fueron los motivos por los que no se cambiaron».
Por último, se solicitó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que informe al juez Ercolini «si estaba habilitada o no la corrida de los trenes el día del evento luctuoso, y si surge del día 5 de abrildel 2024 alguna observación del funcionamiento de las señales», concluyó el pedido de la querella.
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