La medidas anunciadas por el presidente Javier Milei lograron un inmediato rechazo de distintos partidos con fuerte representación parlamentaria.
La intención del presidente Javier Milei para hacer realidad las reformas profundas de desregulación del Estado podría verse desbaratada si la oposición logra amalgamar una mayoría que tumbe su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Congreso Nacional.
El horizonte al que se asoma el oficialismo luce atiborrado de nubarrones y la piedra angular del programa ultrareformista de La Libertad Avanza corre serio peligro.
No solamente Unión por la Patria (primera minoría en ambas cámaras) y el Frente de Izquierda se pronunciaron en contra, una variable que ya estaba incorporada a la matriz de cálculo del Gobierno, sino que también alzaron la voz (aunque en un tono menos beligerante) en rechazo a la metodología del decreto otras fuerzas opositoras como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Cambio Federal.
En el PRO, en tanto, hay una divisoria de aguas que preanuncia una ruptura inminente. Mientras que el ala macrista, a través de diputados como Hernán Lombardi y Luciano Laspina, salió exultante a alabar el decreto que consagra el imperio absoluto del mercado, el ex precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, que tiene predicamento sobre unos diez diputados del PRO, ensayó una crítica muy nítida, con más énfasis en la forma que en el contenido del DNU.
En la misma sintonía se expresó el flamante mandamás de la UCR nacional, Martín Lousteau, la mesa nacional del partido centenario y la vicepresidenta del bloque de diputados radicales, Karina Banfi. Mientras tanto, el jefe del bloque Rodrigo De Loredo se refugia por ahora en un silencio cuasi monástico, pero no tiene margen para ir en contra de su propio partido.
Si bien ya tiene vigencia, para quedar firme, el DNU deberá pasar el filtro de la comisión bicameral de Trámite Legislativo y luego la convalidación o no en el pleno de cada una de las dos cámaras legislativas. Con que una de las dos cámaras apruebe con mayoría simple el dictamen, será suficiente para que el megadecreto sobreviva a las turbulencias y proyecte una nueva Argentina. La puesta en marcha del paquete de reformas implicaría un enérgico desguace del andamiaje institucional y jurídico sobre el cual se construyó el entramado social y normativo del país.
Sin embargo, la debilidad de origen de La Libertad Avanza, con una fuerza parlamentaria exigua (38 diputados y siete senadores), le podría pasar factura por primera vez al nuevo Gobierno libertario.
No le alcanza ni de cerca con su primer anillo de alianzas, constituido por el PRO y algunas figuras sueltas satélites como José Luis Espert, para perfilar la mayoría necesaria que ejecute este plan de demolición total del sistema de protecciones sociales del Estado. Hasta el momento, únicamente el Senado logró frenar en 2020 un DNU que había sido dictado en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri, que cargaba sobre los usuarios la compensación a las distribuidoras de gas por diferencia de cambio.
Esta vez, el apremio es mucho mayor: no hay posibilidad alguna de esperar dos años a raíz del daño que en ese lapso de tiempo podría producirse en el tejido social, sostiene el kirchnerismo.
Y desde la UCR, Cambio Federal y la Coalición Cívica están decididos a no convalidar un antecedente peligroso en términos institucionales, de avasallamiento de la división republicana de poderes. Más allá de la estrategia política de la oposición para no dejar pasar el DNU, por un andarivel separado actuará la Justicia. El asunto ya está judicializado, hay acciones de amparo para frenar la aplicación del decreto y presentaciones judiciales que hacen hincapié en la inconstitucionalidad «insanable» de la norma jurídica.
Más rechazos
En el Senado, Unidad Federal (bloque del peronismo disidente) manifestó su rechazo a través del entrerriano Edgardo Kueider, quien señaló que «todo indica que el DNU es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldadas ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama este instrumento».
A su juicio, «el Gobierno nacional vulnera la división de poderes y desconoce abiertamente al Congreso de la Nación».
En la Cámara de Diputados, Cambio Federal, el bloque de nueve diputados nacionales que armó Emilio Monzó y que preside Miguel Pichetto, ya se abroqueló con el resto de la oposición.
Nicolás Massot, otro de los referentes de esta fuerza política, argumentó la postura. «Estoy de acuerdo con gran parte de las medidas anunciadas, no en todas, pero no considero que el DNU sea el camino, ya que la única posibilidad en este caso es aprobar o rechazar el decreto en su totalidad». «La Argentina necesita un cambio, pero uno que sea duradero y sostenible en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno. Si no se respeta el procedimiento institucional y jurídico para hacerlo, se habilita la vía judicial con planteos de inconstitucionalidad. Eso solo va a generar más incertidumbre y traer más complicaciones a la salida de la crisis», fundamentó.
Por su parte, Pichetto consideró que «el Presidente debe gobernar con el Congreso» y «no contra el Congreso». «Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación», explicó.
«Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias», agregó el rionegrino en la red social X (antes Twitter).
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