Ratificaron la realización de la manifestación a Plaza de Mayo para el 20 de diciembre próximo, con «más de 50 organizaciones convocadas», con una convocatoria que se terminará de definir este viernes.
“En Argentina existe un derecho a la protesta que está amparado por la Constitución Nacional. Si la ministra quiere suspender las garantías constitucionales que existen tiene una vía: mandar (la solicitud) al Congreso para que se declare el Estado de sitio«, rechazó Solano.
Y amplió que «si no se puede movilizar en la calle, no se puede cortar una vía, el derecho a la manifestación queda directamente abolido» y cuestionó que para definir una medida de esa magnitud «Bullrich no ha pasado por el Congreso. Por lo tanto, ha atropellado la legislación vigente, violando la Constitución Nacional«.
En sintonía con ese planteo, Belliboni argumentó que el artículo 194 del Código Penal, al que hizo referencia Bullrich durante su conferencia de prensa, «solamente lo puede aplicar un juez».
Ese artículo establece que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».
Los dirigentes reiteraron que el 20 de diciembre habrá una manifestación hacia Plaza de Mayo con «más de 50 organizaciones convocadas» y que la convocatoria se terminará de definir este viernes en una reunión en la sede de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA.
Sobre esa protesta, Belliboni adelantó que «probablemente haya 50 mil personas en la calle» e ironizó sobre las propuestas de Bullrich: «¿50 mil personas pueden marchar por la vereda?».
Además, Biasi insistió que los anuncios de Bullrich se realizaron «a los dos días» de las medidas económicas de Caputo y consideró que entonces «se está intentando amedrentar al pueblo que tiene que salir a luchar».
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