La ONU se mostró en contra de la reforma constitucional y expresó su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
Por otro lado, menciona también que la ONU “recibió información indicando que, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura”.
Pese a esto, la carta continúa con una serie de sitas sobre lo que es considerado derechos humanos cuando se trata de manifestarse de forma pacífica: “El derecho de reunión exige que su ejercicio sea pacífico: los hechos de violencia no están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
“Sin embargo, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han destacado que ‘la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia‘. Esto resulta relevante en el contexto de la reforma constitucional provincial que hace referencia a la prohibición de cortes de calles y de rutas y a ‘toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas’. Esta disposición no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, sostiene Jarab.
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