Ángel Suñez fue sentenciado a una pena de cumplimiento efectivo. Pero seguirá libre hasta que el fallo quede firme. Es por la muerte de Saulo Rojas en 2013 en una granja de adicciones en Pilar.
El Juzgado en los Correccional Nº 4 de San Isidro condenó a la pena de 3 años de prisión a Ángel Oscar Suñez por considerarlo penalmente responsable del homicidio culposo de Saulo Rojas, ocurrido en 2013 en un centro terapéutico de Pilar, donde la víctima estaba internada para tratar su consumo problemático de drogas.
El fallo de 51 páginas, firmado por el juez Juan Facundo Ocampo, fue dado a conocer este lunes tras los alegatos. También le fija al condenado una inhabilitación especial de 10 años para “controlar personas internadas en instituciones públicas o privadas”.
De todos modos, Suñez no será detenido hasta que la condena quede firme. Mientras tanto, deberá fijar domicilio que no podrá dejar por más de 24 horas, prohibición para salir y país y obligación de presentarse una vez por mes ante el juzgado.
Tal como había solicitado la fiscal Paula Valeria Oyola, el fallo ordena “extraer testimonios de la presente (sentencia) y remitirlos a la Fiscalía General a fin de que investigue la posible comisión” de otros delitos, incluidas graves violaciones a los derechos humanos que se ventilaron en el juicio, como privaciones de la libertad y abusos sexuales. En otros, se tomarán los testimonios del periodista Pablo Galfré, que investigó lo ocurrido en esa y otras instituciones de salud mental.
El condenado Suñez trabajó como personal de Seguridad en la fundación San Camilo, un centro asistencial de Pilar que fue clausurado años después de la muerte de Rojas por graves denuncias.
Saulo Rojas era un joven mendocino de 23 años con consumos problemáticos e insulinodependiente. A los 18 años, diferentes centros terapéuticos de la provincia de Mendoza le negaron atención argumentando que la situación de adicción más su dependencia a la insulina era algo “imposible de manejar”. El Gobierno dispuso un subsidio para que la familia buscara un lugar en otra provincia. Así fue que llegó a la Fundación San Camilo el 22 de junio de 2012.
Un año después de su ingreso, el 14 de julio de 2013, Saulo fue castigado y encerrado en una celda de aislamiento, algo que prohíbe la ley de Salud Mental sancionada en 2010. La celda era una habitación pequeñísima, con piso y paredes de cemento sin revocar, una ventana sin vidrio y la puerta con rejas y candado. Saulo entró en esa celda a las ocho de la noche, depresivo (“podía escuchar su llanto desde el otro lado de la pared”, describió uno de los internados), sin su dosis diaria de insulina y con su cinturón y sus cordones en las zapatillas. Minutos después, se ahorcó.
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