Patricia Bullrich busca desalojar del predio a los trabajadores que protestan por el despido de más de 30 empleados. Denuncian una nueva criminalización de la protesta y avasallamiento de derechos constitucionales.
La fuerza que dirige Bullrich se escudó en una orden de desalojo contra los trabajadores que vienen peleando desde hace semanas contra los despidos en esa empresa.
La primera causa, iniciada en la justicia ordinaria de San Martín, fue archivada ante la inexistencia de delito. No obstante, la firma insistió y presentó ahora una nueva denuncia, esta vez ante la justicia federal.
El abogado Roberto Torres, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), explicó que esta acción judicial tiene como objetivo “criminalizar la protesta” y “amedrentar a los trabajadores que ejercen sus derechos constitucionales”.
“Denunciamos a estos empresarios impunes que buscan impedir la libertad de expresión, el derecho a huelga y la posibilidad de organizarse sindicalmente. Protestar es un derecho, no un delito”, advirtió Torres.
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