El acuerdo entre Southern Energy y Golar LNG para instalar un segundo buque flotante de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías nos pone a la economía en nacional energética en el ojo de la tormenta generado un fuerte debate sobre el modelo energético y económico de Argentina.
Este nuevo buque, denominado «MKII», se sumará al «Hilli Episeyo», con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a 27 millones de metros cúbicos diarios de gas. La operación comercial del «MKII» está prevista para finales de 2028.
El gobierno ha presentado este proyecto como un paso hacia la consolidación de Argentina como un actor global en la exportación de GNL, con una inversión estimada de 7.000 millones de dólares en un horizonte de 20 años. Sin embargo, las críticas apuntan a la falta de una planta de licuefacción nacional, lo que podría haber generado empleo y desarrollo industrial en el país. En cambio, el gas será procesado en buques extranjeros y exportado directamente, sin agregar valor dentro de Argentina.
No olvidemos que la falta de inversión ya nos puso en el peor de los resultado si de inoperancia se habla, cuando por una falta de una inversión de 45 millones de dólares, tuvimos emergencia energética y tuvimos que arrodillarnos ante nuestros hermanos Brasileros y pedirle al comunista zurdito de mierda Lula Da Silva, que nos salve el pescuezo mandándonos gas en tres buques que nos termino saliendo 500 millones de dólares, vale decir, 465 millones más, que la inversión en una obra publica que no solo nos pondría a la vanguardia y en fuerte estado de soberanía económica, sino que agregaría valor agregado y consolidaría un fuerte mercado laboral.
El proyecto Argentina LNG, liderado por un consorcio privado con mínima participación estatal, es a las clara una falta de visión futurista y una entrega de riquezas nacionales a capitales extranjeros renegando a nuestro país a ser simplemente un proveedor de materia prima.
La decisión de descartar la planta de licuefacción en Sierra Grande y optar por terminales flotantes de exportación en el Golfo San Matías es una clara renuncia a la industrialización y al desarrollo local.
La planta terrestre significaría miles de empleos directos e indirectos, y un fuerte fortalecimiento del tejido industrial, promoviendo encadenamientos productivos con pymes nacionales.
Sin embargo, el gobierno ha priorizado la instalación de buques flotantes de licuefacción, argumentando que es una opción más rápida y de financiamiento más accesible. Esto implica que el gas de Vaca Muerta será procesado en barcos y lo peor exportado sin agregar valor dentro del país.
El impacto de esta decisión no es solo económico, sino también estratégico.
La construcción de un gasoducto exclusivo para la exportación refuerza la infraestructura destinada a mercados internacionales, mientras que el consumo interno y la industria nacional quedan relegados. La pregunta central, es si este modelo de explotación sin desarrollo industrial puede sostenerse a largo plazo sin profundizar la dependencia económica.
Otra de las insólitas contradicciones es la decisión de construir estos buques en astilleros chinos y dejando a las claras la falta de inversión en infraestructura nacional.
No hay industria naval propia, ni transferencia tecnológica, ni generación de empleo calificado en Argentina. Mientras tanto, la planta de licuefacción terrestre en Sierra Grande, que habría significado miles de puestos de trabajo y encadenamientos productivos con pymes nacionales, ha sido descartada en favor de una solución más rápida y flexible para los mercados internacionales.
Este modelo de explotación sin desarrollo industrial plantea interrogantes sobre el futuro energético y económico del país.
Río Negro, una provincia que había comenzado a planificar su desarrollo regional en función del proyecto original, termina siendo solo un punto de embarque, sin la infraestructura industrial que podría haber generado empleo y encadenamientos productivos locales.
El rol de YPF dentro del consorcio Argentina LNG también ha sido objeto de debate. Con solo 25% de participación, la empresa estatal no lidera el proyecto, sino que actúa como un socio minoritario en una operación dominada por intereses privados. Esto marca un cambio respecto a su histórica función como herramienta estratégica del Estado en materia energética.
El discurso oficial presenta esta decisión como un avance en eficiencia y competitividad, pero lo cierto es que todo apuntan a que se trata de una profundización del modelo extractivista, donde los recursos se exportan sin generar valor agregado en el país.
La construcción de un gasoducto exclusivo para la exportación refuerza esta lógica, dejando de lado el abastecimiento interno y el desarrollo industrial.
Además, el silencio de los grandes medios sobre el impacto social y laboral de esta decisión ha sido señalado como una omisión significativa. Mientras se celebra el negocio, se minimiza el costo en términos de empleo y soberanía energética.
Este modelo de explotación sin desarrollo industrial plantea interrogantes sobre el futuro económico y social del país.
Más historias
Argentina en Medio oriente, y un conflicto milenario que nos aleja de nuestra neutralidad.
De Belgrano, de mi bandera y un balcón
La voz de un líder no puede callarse con las rejas de la proscripción