Diputados de LLA se desligan del escándalo por créditos del Banco Nación y niegan beneficios mientras la Justicia analiza posibles irregularidades.
Los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni, salieron a despegarse del escándalo por los préstamos hipotecarios del Banco Nación que son investigados la Justicia. La polémica se desató tras una denuncia que pone bajo la lupa el acceso al financiamiento por parte de funcionarios, legisladores y personas vinculadas al gobierno de Javier Milei.
Los legisladores libertarios respondieron a las acusaciones con descargos públicos en los que rechazaron cualquier tipo de beneficio irregular y afirmaron que accedieron a líneas de crédito abiertas a cualquier ciudadano que cumple con los requisitos establecidos por la entidad bancaria.
En ese marco, Campero negó haber recibido un “crédito millonario” en condiciones privilegiadas y cuestionó las versiones que circularon en las últimas horas. “Un crédito hipotecario no es un privilegio político, es una deuda que se paga durante 20 o 30 años y con muchísimo esfuerzo”, sostuvo el diputado oriundo de Tucumán.
El legislador oficialista explicó que en mayo de 2025 tomó un crédito hipotecario por 275 millones de pesos para adquirir su primera vivienda en Yerba Buena, localidad cercana a la capital tucumana. Además, Campero precisó que la deuda se actualizó por inflación hasta alcanzar los 322 millones de pesos, en línea con el mecanismo de los préstamos en UVAs.
Asimismo, el referente de LLA aclaró que el trámite comenzó varios meses antes de su otorgamiento y rechazó cualquier vínculo entre el crédito y su actividad política. Para disipar los rumores, Campero destacó que la información sobre su préstamo es pública y remarcó que los funcionarios tienen la obligación de dar explicaciones cada vez que resulte necesario.
Por su parte, el diputado Bongiovanni calificó como “insólito” que se intente vincular un crédito hipotecario con un hecho delictivo. “En un crédito hipotecario el banco le paga al vendedor, vos te quedás con la deuda y con el inmueble; si no pagás, el banco se queda con la propiedad”, explicó el legislador santafesino.
En este caso, el político libertario detalló que accedió al crédito bajo las condiciones vigentes a mediados de 2025, con una tasa del 4,5 por ciento para clientes con cuenta sueldo en el Banco Nación. De hecho, Bongiovanni indicó que el trámite incluyó verificación de ingresos, evaluación crediticia, tasación del inmueble y escritura, en un proceso que se extendió durante varios meses.
Cabe precisar que las aclaraciones de ambos diputados se producen mientras la Justicia analiza una denuncia que busca determinar si el Banco Nación otorgó créditos con favoritismos a personas políticamente expuestas. En paralelo, sectores de la oposición reclamaron informes para establecer si existieron beneficios indebidos o conflictos de interés en el acceso al financiamiento estatal.
En plena polémica por los créditos, aumenta la presión sobre el Banco Nación
La reciente polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación sumó nuevos elementos en las últimas horas, tras la aparición de funcionarios del equipo económico de Javier Milei entre los beneficiarios de los préstamos. Los datos surgen a través de registros públicos que detallan operaciones por montos que, en algunos casos, superan los 300 mil dólares al momento de su adjudicación.
En ese marco, entre los nombres que figuran en los registros aparecen integrantes del Banco Central (BCRA) y del equipo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, lo que amplifica el alcance político del caso. A su vez, desde la entidad bancaria sostuvieron que todos los créditos se otorgaron bajo condiciones generales y con los requisitos habituales de evaluación crediticia.
En paralelo, sectores de la oposición impulsaron pedidos de informes para conocer si existieron criterios diferenciales en la asignación de los préstamos. El diputado Esteban Paulón solicitó precisiones sobre los mecanismos de control, así como eventuales intervenciones de organismos como la Sindicatura General de la Nación (SGN) y el Banco Central.
Por último, el reclamo opositor apunta a determinar si hubo situaciones de conflicto de interés o un eventual exceso en la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas. Frente a este escenario, la evolución de la causa judicial y las respuestas institucionales del Banco Nación aparecen como claves para el desarrollo del caso, que promete sumar nuevas tensiones dentro del oficialismo.
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