Cerámica rota, país quebrado

Otra herida abierta en el tejido social de la ciudad: El despido de 300 trabajadores, muchos con décadas de servicio, no solo representa una pérdida de empleo, sino un golpe a la dignidad, la estabilidad familiar y la memoria laboral de toda una comunidad.

 

Jesus Marcelo Delise [email protected]

 

 

El viernes 29 de agosto, los trabajadores llegaron a la planta y encontraron las puertas cerradas con un cartel anunciando el cierre, a partir del lunes siguiente, comenzaron a llegar los telegramas de despido, invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar solo el 50% de la indemnización en caso de crisis.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, pero la empresa, no se presentó a la audiencia ni reabrió la planta, por su parte, los trabajadores iniciaron un acampe en la puerta de la fábrica, exigiendo respuestas más reincorporación o indemnización justa.

Juan Flores denunció que “dejaron a 300 familias tiradas en la calle” y que ni siquiera cumplieron con la conciliación obligatoria, Marcelo Barrionuevo, con 23 años en la empresa, pidió intervención urgente del Ministerio y la intendencia, Lucas y otros trabajadores remarcaron la pérdida de obra social, el endeudamiento y la sospecha de maniobras empresariales para precarizar condiciones.

Aunque se habla de crisis, ILVA habría invertido recientemente en maquinaria de alto costo, lo que alimenta la hipótesis de una reestructuración encubierta, Se menciona un posible cambio de régimen laboral de “4×4” a “6×1”, con recortes salariales, eliminación de comedor, transporte y medicina prepaga.

 

“El trabajo no se apaga: Pilar resiste, Argentina observa”

El portón cerrado de ILVA en el Parque Industrial de Pilar no es solo el final de una jornada laboral, es el símbolo brutal de un modelo que se desmorona sin dar la cara, detrás de ese candado hay 300 familias que fueron arrojadas a la intemperie con la frialdad de un telegrama, sin explicaciones, sin diálogo, sin dignidad.
La fábrica funcionaba con normalidad hasta el jueves, camiones salían con pedidos, las máquinas giraban, los trabajadores cumplían, y de un día para otro, silencio, Cierre definitivo, crisis, invocado al artículo 247 como escudo legal para pagar la mitad de lo que corresponde. ¿Crisis? ¿O estrategia empresarial para deshacerse de quienes sostuvieron la producción durante años?

Este no es un caso aislado, es parte de una lógica que se repite en todo el país, empresas que se esfuman sin rendir cuentas, que apelan a la “crisis” como comodín para precarizar, despedir, tercerizar, y mientras tanto, el Estado mira, interviene tarde o no interviene.

La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense fue ignorada, la planta sigue cerrada, los salarios no se pagan, la obra social se pierde, la deuda se acumula, la angustia se multiplica.

Los trabajadores no piden milagros, piden justicia, piden que los dueños den la cara, que el Estado se haga presente, que la intendencia no se esconda detrás de comunicados tibios, que el periodismo no se limite a cubrir el acampe como si fuera una postal más del conflicto social, que se nombre lo que está pasando, despojo, abandono, violencia empresarial.

Porque esto no es solo Pilar, es el país, es cada fábrica que cierra sin aviso, cada convenio que se flexibiliza, cada derecho que se convierte en privilegio, cada trabajador que pasa de ser engranaje esencial a descarte silencioso.

ILVA no apagó solo sus hornos, apagó una parte de la memoria laboral de Pilar, pero los trabajadores están ahí, encendidos, reclamando, resistiendo, y nosotros, como sociedad, tenemos la obligación de amplificar su voz, de exigir respuestas, de no naturalizar el descarte.
Porque cuando se rompe una cerámica, se puede volver a moldear, Pero cuando se rompe la dignidad, el daño es profundo, y si no lo denunciamos, si no lo enfrentamos, el país seguirá quebrándose por dentro.