Allanamientos a periodistas: denuncian penalmente a Bullrich por abuso de autoridad

La acción judicial presentada por el abogado Gregorio Dalbón plantea que la ministra de Seguridad promovió una medida que «amedrenta y censura» a comunicadores y «restringe la libertad de prensa».

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por «abuso de autoridad» luego de que su cartera pidiera el allanamiento del domicilio de dos periodistas que hace días revelan audios con las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

«De conformidad con lo normado en los arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a formular denuncia penal contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden al delito de abuso de autoridad, en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión», dice el texto presentado por el abogado Gregorio Dalbón.

Dalbón, defensor de la exvicepresidenta en causas civiles, ya había denunciado penalmente a Javier Milei, su hermana Karina, Diego Spagnuolo y los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina por las presuntas coimas en la Andis.

“Herramienta de intimidación”

Además de apuntar contra la titular de la cartera de Seguridad, Dalbón señala que el Gobierno nacional intentó utilizar «la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa».

Dalbón defiende la publicación de los audios de Karina Milei por considerar que «reviste indudable interés público, ya que se trata de una figura que concentra poder institucional en la Secretaría General de la Presidencia».

El abogado insiste en que la presentación del Gobierno ante la justicia «busca blindar políticamente al oficialismo y convertir la difusión periodística en un delito, invirtiendo el sentido mismo de la libertad de expresión».