La Justicia acusa a Ducoté de lavado de dinero y pide que intervenga el fuero federal

Determinó que el ex intendente “es el actor principal” de una maniobra de “lavado de activos” vinculada a una “ONG fantasma”. La relaciona con los microcréditos por los cuales ya está procesado.

La Justicia determinó que el ex intendente Nicolás Ducoté “es el actor principal” de una maniobra de “lavado de activos”, relacionada con la llamada “ONG Fantasma”, una investigación iniciada por El Diario en el año 2018.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Don Torcuato le plantea al Juzgado de Garantías Nº 7 de Pilar, la “incompetencia” y solicita que de intervención a la Justicia Federal, la misma que ya procesó al ex titular del Ejecutivo de Pilar y varios ex funcionarios por las causas de los microcréditos y las obras abonadas pero no finalizadas de Monterrey y Peruzzotti.

Para la fiscalía, las maniobras con los microcréditos y la ONG Fantasma cometidas durante el gobierno pasado son competencia federal al resultar “provenientes del Estado Nacional los fondos que fueran utilizados en el lavado de capitales”.

La investigación judicial dio por probados que la ONG Creando Familia y Futuro, si bien decía llevar adelante políticas públicas sociales, en realidad se trató de una “sociedad fachada”. Se pudo acreditar que desde el año 2014 al 2018 solo facturó en tres oportunidades en facturas consecutivas (números 1, 2 y 3) al Municipio de Pilar por un monto de 1.169.000 pesos, en el año 2017.

Tal como había publicado este medio, la Justicia también pudo corroborar que los domicilios declarados en la AFIP por la ONG y donde debería estar en funcionamiento (uno en CABA y el otro en la localidad de Florida, Vicente López) corresponden a viviendas familiares que nada tienen que ver con la ONG y cuyos integrantes jamás habían escuchado hablar de la misma, de acuerdo al testimonio que pudo recabar El Diario en su momento. El dato luego fue corroborado en un allanamiento dispuesto por la Justicia. 
Creando Familia y Futuro no cuenta con registro de contraprestación contratada por el servicio que debería haber cumplido y, finalmente, el Municipio que comandaba Ducoté hizo una contratación directa, “omitiendo” el proceso licitatorio. 

Ante todo esto, la Fiscalía sostiene que el caso de la ONG Fantasma forma parte de la misma operatoria de la causa de los microcréditos que investiga la Justicia Federal a cargo de Adrián González Charvay, por la cual ya procesó a Ducoté y a otros funcionarios.

La denuncia de la ONG trucha fue presentada en 2018 por la entonces concejal del Frente Pilarense, Paula González, hoy secretaria de Desarrollo Social del Municipio. En aquel entonces declaró en la Justicia que nunca pudo acceder al detalle sobre el trabajo social que había realizado la ONG. En aquel momento dependía de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo a cargo de Fabián Ferraro, quien al momento de la denuncia seguía ocupando cargo en el Municipio pero en otra área. 

Creando Familia y Futuro era encabezada por Edgardo Jalil. Cuando se publicó la investigación periodística, este medio logró contactarlo pero este señaló que no podía dar explicaciones hasta tanto se asesorara. Luego ya no contestó los insistentes llamados de El Diario.

Por otra parte, una pericia contable de la justicia de San Isidro determinó la “ausencia total de material contable” del contrato entre la ONG y el Municipio y no halló ninguna documentación en los allanamientos a los dos domicilios señalados por el entidad. 
La pericia contable es concluyente: la “Asociación Civil Creando Familia y Futuro no registra otra actividad que no sea la prestación de un único servicio y que se trata, justamente, el que aquí nos ocupa vinculado a la Municipalidad de Pilar; ni siquiera se encuentra documentalmente probado que la contraprestación haya existido y, en consecuencia, resulte compatible con los montos dinerarios erogados”.

Además indica que “la única facturación con la que cuenta ha sido aquella vinculada a las tres facturas mencionadas, correlativas (1, 2 y 3) cuyo único cliente resultó ser la Municipalidad de Pilar, además de observarse que fue deliberadamente omitido el proceso licitatorio, recurriéndose a la contratación directa”.

Y por último señala que “estas claras inconsistencias desde el punto de vista contable, explican la constitución
de domicilios fantasmas tanto en las facturas, como en el registro de Afip”. 

Para la fiscalía de Don Torcuato, que interviene en la causa de la ONG trucha, tanto esta como la causa microcréditos “componen los eslabones” de una misma cadena. Concluye además que se pudo acreditar la “existencia de una sociedad fantasma constituida “únicamente… para emitir facturación a la Municipalidad de Pilar. Por ello concluye que como consecuencia de “los fuertes puntos de contacto” entre la ONG y la causa microcréditos se “ha observado entre ambas a los caracteres típicos de una maniobra de lavado de activos protagonizada por funcionarios municipales de alta jerarquía”.

A su vez indica que es compatible la creación de la ONG fantasma con “una maniobra de lavado de dinero de origen delictivo como modo de diversificar el elevado caudal dinerario que fuera obtenido de una maniobra de fraude al estado nacional”, refiriéndose a los microcréditos.

El pedido para que la causa sea elevada a la Justicia Federal le apunta directamente al ex intendente macrista: “todo este complejo entramado delictivo que cohesiona múltiples etapas en su ejecución, reconoce a un mismo sujeto activo como actor principal: el ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté”.

La fiscalía concluye que la Justicia Federal que ya está interviniendo en otras causas contra el ex intendente y otros funcionarios y empresarios es el “ámbito propicio” y estás conductas que se encuadran en un “típico lavado de dinero de origen delictivo” en este caso agravado por tratarse de funcionarios públicos. 

 

Junto a otros funcionarios 
Las tres causas por las que el ex intendente está procesado 

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó en julio último al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté (Juntos por el Cambio) y a otras 8 personas, entre exfuncionarios y empresarios, por el delito de “administración infiel”.

En rigor, investiga el desvío de más de 460 millones pesos de la administración nacional mediante el pago de obras públicas que debían realizarse en los barrios Peruzzotti y Monterrey, pero no se hicieron, y el cobro de comisiones indebidas en la entrega de microcréditos para mejoras en viviendas. Según el fallo, “las maniobras  defraudatorias investigadas en la causa” implican “el desvío de fondos en favor de los particulares”. Ahora le suma la causa ONG fantasma donde la fiscalía entiende que se cometió “lavado de dinero”. 

En las primeras causas también están procesados por la Justicia Juan Pablo Martignone (ex Jefe de Gabinete), Guillermo Iglesias (ex Secretario de Obras Públicas), Osvaldo Cacaviello (ex Director General de Calles y Red Vial), Sandra Sosa (ex Subsecretaria de Obras Públicas). Y otros 4, empresarios: Norberto Giulianelli, Sergio Russo, Fernando Bonafede y Gabriel Lucero. 

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