El aborto ya es ley en Argentina

El Senado sancionó este martes la ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, tras 12 horas de debate y la definición de legisladores que se declaraban indecisos pocas horas antes de la votación, para lo que hubo arduas gestiones de Alberto Fernández y la promesa de correcciones en la reglamentación. 

La sanción llegó con 38 positivos, uno más que lo necesario para la mayoría simple, contra 29 en contra y una sola abstención. El Frente de Todos y Cambiemos votaron divididos, aunque entre los primeros hubo predominio verde y varias ayudas que llegaron a último momento y con mucho esfuerzo de la Casa Rosada, que se hizo sentir con un permanente desfile de funcionarios por el Congreso.  

Los celestes esperaron en vano el pronunciamiento de los dubitativos, pero sobre la medianoche aceptaron la derrota y se abocaron a su próxima batalla, que será impedir la aplicación de la ley en Tribunales. “A lo largo y ancho de la Argentina se presentarán recursos hasta que un juez la declare inconstitucional”, anticipó la radical Silvia Elías de Pérez, referente del grupo. 

Alberto logró cumplir con una de sus promesas de campaña, cuando anticipó que pediría despenalizar a las mujeres que se practican un aborto. “Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política”, festejó por twitter. 

Sergio Massa en el recinto. 

En realidad, fue luego de ganar las elecciones que el presidente anticipó que enviaría un proyecto de ley y lo ratificó en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. La pandemia lo postergó pero en noviembre el proyecto llegó a Diputados, donde se aprobó el 10 de diciembre. La pelea más fuerte sería en el Senado, donde el 8 de agosto de 2018 el proyecto había sido rechazado tras una épica aprobación en Diputados 40 días antes. 

Las fantasmas volvieron el 17 de diciembre estuvo a punto de caerse el dictamen de comisión, y hasta hace una semana no era posible confirmar los 37 votos necesarios para habilitar la votación sancionar la ley sin riesgos. 

La radical entrerriana Stella Olalla y la neuquina Lucila Crexell, del interbloque federal, pasadas las 21 horas confinaron que votarían a favor y que sólo habían mantenido un silencio estratégico. Olalla fue la última esperanza celeste de poder torcer la historia con una última tanda de llamados, pero confirmó que nunca estuvo en sus planes acompañarlas, pese a que participaba de sus grupos de whatsapp. 

“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, señaló desde su casa, donde sesionó por teleconferencia como la mayoría de los senadores. 

Crexell leyó su tan esperado discurso en el recinto. “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”, se justificó. Confesó que pidió sin éxito poner la semana 12 de gestación como tope. 

Los celestes tampoco pudieron sumar a los dos ausentes que podían ayudarlos a dar pelea. El tucumano José Alperovich tiene licencia por una denuncia de violencia de género y para evitar que se conectara igual ni bien comenzó la sesión Cristina Kirchner puso a consideración la renovación. 

Carlos Menem permanece en coma inducido y su hija Zulema anunció que no podría votar recién lo hizo pasada la medianoche, cuando la historia estaba escrita. Por la tarde sobraban rumores sobre una conexión épica si fuera necesario, como su propia hija había 

Unas horas antes, a los discursos de Olalla y Crexell se sumó el del salteño Sergio Leavy, del Frente de Todos, quien votó en contra en 2018, cuando era diputado, se había negado a firmar el dictamen pero tras una reunión con Alberto se comprometió a ayudar con la ley y así lo hizo. 

Alberto Weretilneck. 

“Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres. He comprendido a las mujeres que deciden abortar”, explicó desde Salta, donde prefirió permanecer para evitar presiones en su retorno. 

Otro voto sorpresa fue la abstención del jujeño Guillermo Snopek, del Frente de Todos, quien también rechazó la ley hace dos años, mantuvo su postura sobre la existencia de vida “desde la concepción”, pero con el resultado puesto permitió una diferencia más holgada. La riojana Clarita Vega, compañera de Crexell, se ausentó al momento de votar y estiró la brecha.  

 La ley habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que deberá garantizarse a los 10 días de su solicitud y las obras sociales y prepagas tendrán que incorporarlo al Programa Médico Obligatorio (PMO). Aunque los funcionarios que trabajaron en el proyecto insistieron en que en la mayoría de los casos se realizarán mediante la ingesta de fármacos, que se importarán al por mayor. 

Se mantienen las penas si el aborto se hace fuera de ese plazo, aunque se reducen y se convierten en excarcelables. Y seguirá siendo legal en cualquier momento del embarazo por las dos causales que se permiten en el Código Penal desde 1921: riesgo de salud y violación, aunque en el primer caso fue necesario un compromiso del Gobierno para afinar la definición.

Ocurre que el proyecto define riesgo de salud como “integral” y al tomar el concepto de la organización mundial de la salud (OMS) permite solicitar una interrupción del embarazo por múltiples causas. El rionegrino Alberto Weretilneck, que estaba contabilizado a favor, condicionó su respaldo a que sólo sea posible cuando haya “riesgo de vida” y le prometieron que la reglamentación elimine la palabra “integral”. 

 “Dadas las inquietudes que ha generado esa actualización propuesta en la redacción, hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto de ley en caso de ser sancionado, a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta”, anunció la oficialista Norma Durango, ni bien comenzó la sesión. 

Carla Vizotti. 

Weretilneck, que había quedado molesto porque no lo llamaron cuando se definieron cambios en el dictamen, agradeció la promesa. “El término integral abría una puerta inmensa que iba a terminar con la impractibilidad de la ley. Voy a aprobar en general y en particular esta ley”, confirmó. Ese retoque, aseguran entre los verdes, fue clave también para que ratifique su respaldo el entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos. 

El rionegrino llamó la atención también sobre los riesgos de las penalidades a los médicos. Advirtió que, para evitar represalias, la mayoría de los médicos podrían declararse objetores de conciencia, como habilita el proyecto para quienes por cuestiones religiosas no quieran realizar la práctica. Si una institución no tiene ningún profesional dispuesto, debe garantizar y costear la derivación.   

El anuncio de Durango alborotó el salón de las provincia del Senado, donde se amontonaron periodistas como nunca hubo en el Congreso en este año de pandemia. Debió aclarar que las modificaciones serían parte de la reglamentación y el proyecto no volvería a Diputados, lo que hubiera demorado la sanción. 

La sesión comenzó a las 16 horas con la plaza cubierta de manifestantes. Los celestes se ubicaron sobre  calle Irigoyen, la entrada del Senado; y los verdes sobre Rivadavia, acceso a Diputados, pero con movilizaciones permanentes sobre Avenida Callao. La plaza permaneció vacía y custodiada con pantallas que transmitían la sesión.  

Las noticias siempre fueron buenas para los verdes. Entre las primeras oradoras estuvo Silvina García Larraburu y confirmó su conversión con épica. “Mi voto es un voto deconstruido: es un voto afirmativo”, fue su anuncio, desde Río Negro. 

La primera voz celeste fue el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud. “Quienes apoyan el Proyecto IVE se refieren al fracaso de la criminalización, lo cual es reconocer el fracaso estrepitoso del Estado”, sostuvo. 

Los planteos de inconstitucionalidad se basarán en la Convención de los derechos del niño, a la que el país adhirió con una ley aclaratoria de que la vida empieza desde la concepción y por lo tanto, entienden, el aborto no sería posible si no modifican esa norma con dos tercios de cada Cámara. 

Además, alegan que el Código Civil, sancionado en 2015, también aplica esa definición.  “Nuestro país se ha obligado y esto es muy bueno para los estándares más altos de protección de la vida desde el momento mismo de la concepción y lo ha hecho con los tratados internacionales que ha firmado”, sostuvo Elías de Pérez. 

Los verdes aceptan que habrá un largo peregrinar en los Tribunales, que puede durar hasta 2 años, pero confían en la Corte Suprema, que en 2012 emitió un fallo para ratificar el aborto en los casos ya incluidos en el Código Penal (riesgo de vida y violación). 

Los discursos de cierres llegaron entre las 2 y las 4 de la madrugada, con duplas de senadores a favor y en contra de Cambiemos y el Frente de Todos. Con la particularidad de que el líder opositor Luis Naidenoff fue el verde; y el oficialista, el también formoseño José Mayans, un celeste rabioso.  

“Todos sabemos que se aborta clandestinamente, la discusión tiene que ver con una ética de solidaridad. La prioridad es un trato igualitario en materia de salud pública para las mujeres. De esta manera, las mejores condiciones es según la plata que tenga. Es tiempo de terminar con esta injusticia, que sea ley”, sostuvo Naidenoff.

“El Poder Ejecutivo tomó una decisión difícil con mucho coraje. Porque lo más fácil es seguir mirando hacia otro lado, seguir haciendo desde el Estado lo que se viene haciendo hace siglos: mirar para otro lado. Pero los abortos existen y las mujeres abortamos”, sostuvo la vicejefa de bloque del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti.

El cierre fue del celeste Mayans, quien como todo el año sesionó desde Formosa.  “Hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a los tratados internacionales. Sino somos un país sin ley donde cada uno hace lo que quiere. El presidente, los legisladores y los miembros del Poder Judicial están obligados a cumplirla”, cerró. Pero no evitó que sea ley. 

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