Correo de los Macri vs. Oil Combustibles: ¿Es posible comparar procesos opuestos?

Grueso error de la defensa del expresidente Macri y su familia frente a lapidario informe de la Dajudeco por deuda. Ataque a la fiscal y comparativa con la quiebra récord de la petrolera. La misteriosa empresa LDA.

 
 
Por Gabriel Morini

En un increíble error estratégico, la empresa SOCMA, propiedad de la familia del expresidente Mauricio Macri, presentó un escrito judicial atacando a la fiscal que investiga el escándalo del caso Correo Argentino –que lleva casi 20 años tramitándose en la justicia- y comparándolo con la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, cuyo desarrollo fue completamente inverso.

La presentación de los abogados de Macri apunta a tratar de contrarrestar un informe contable de la Dajudeco que avala la denuncia de la fiscal Gabriela Boquin por el acuerdo ruinoso que se intentó cerrar desde el Estado con la empresa de la entonces familia presidencial, en 2016, que arrastraba falta de pago permanente de cánones adeudados desde mucho antes de que se le quitara la concesión.

El del Correo es el caso de concurso de acreedores más largo de la historia de la justicia comercial, y todas sus alternativas –incluso en proceso de cramdown– no registran precedentes en el derecho argentino. El informe de la Dajudeco aportado a la causa penal donde está imputado Macri y ya declaró como acusado su exministro Oscar Aguad es lapidario con la quita de dinero que contenía el acuerdo y que iba a causar un perjuicio a las arcas públicas si se consumaba.

Correo Argentino de SOCMA y Sideco Americana era una firma con “fin único”, cuya tarea era la explotación del servicio postal en la República Argentina. La extinción de la concesión debido a incumplimientos varios debió haber llevado a la firma residual a su liquidación o a su quiebra directa. Sin embargo, el derrotero fue el concurso de acreedores que la familia Macri extendió en el tiempo de manera indefinida, acumulando deudas y en un proceso de vaciamiento para incrementarlas que Boquín oportunamente denunció ante la justicia federal.

Es paradójico, sucedió lo opuesto con Oil Combustibles que fue intervenida judicialmente y liquidada en el lapso de 7 meses, un tiempo récord que ahora la justicia comienza a investigar como irregular. El ejemplo escogido por los abogados de SOCMA no pudo ser peor: mientras que están documentadas en el expediente penal no menos de 6 propuestas de pago por su deuda a la AFIP en diversas modalidades, en el caso del Correo –de acuerdo a lo que proyectó la fiscal y ahora ratifica un peritaje de la Dajudeco- la cifra que se pretendía dejar de pagar por parte de los controlantes orilla los $70 mil millones. El principal temor de la exfamilia presidencial es que si se declara la quiebra, con el cúmulo de irregularidades existentes, se la extienda a las controlantes, donde los hijos del exmandatario y sus hermanos son accionistas mayoritarios y responsables finales.

Esa cuestión explica el fuego a discreción que SOCMA dispara sobre Boquin, cuyo accionar ha sido avalado por la jueza del concurso, por la Cámara Comercial y hasta por la Corte Suprema. Sin embargo, la multiplicidad de planteos que la defensa realizó hasta ahora impiden que se pueda avanzar en el proceso con celeridad.

En un escrito con errores cronológicos, los abogados de SOCMA plantearon que debía investigarse al Procurador del Tesoro Carlos Zannini por su supuesto doble estándar al haberlos sometido a una “persecución” a los Macri mientras se había mostrado permisivo con Oil Combustibles.

La justicia comercial dictó la quiebra de la petrolera en mayo de 2018, después de haber ordenado su intervención en febrero de ese año. Eso es más de un año y medio antes de la asunción de Zannini, y cuando ese cargo lo ocupaba Bernardo Saravia Frías, durante el macrismo. Saravia Frías fue el reemplazante de Carlos Balbín, quien debió renunciar a raíz de no haber convalidado las maniobras de negociación que se pretendían hacer en el acuerdo entre el Estado y los Macri (a ambos lados del mostrador) y que derivó en la confección de un informe muy crítico que nunca vio la luz. Eso definió su eyección y que Marcos Peña le ofreciera una salida con un puesto de jerarquía internacional para despejar la Procuración del Tesoro. Balbín se negó y regresó a su cargo de juez de Cámara porteño.

El Correo de los Macri inició el concurso en septiembre de 2001 ante el Juzgado Comercial N°9. Tenía la concesión del servicio postal oficial y había acumulado una deuda derivada principalmente de la financiación de sus inversiones y por cánones atrasados adeudados al Estado. Le reprochaba al Estado incumplimientos en las obligaciones, lo que había anulado la renta del negocio. Por esto, tapizó de demandas millonarias el fuero contencioso administrativo federal. Sin embargo, nunca nadie puso la lupa en la creación, por debajo de Correo Argentino SA, de una compañía llamada LDA, Logística de Avanzada. Un misterio insondable hasta ahora que podría arrojar todas las respuestas (y el dinero) que faltan.

El último acuerdo fallido, denunciado como delito cuando Macri era presidente y negoció en nombre del Estado, incluía una insólita cláusula para empezar a pagar su deuda una vez que cobraran su contrademanda.

En 2003, el Estado le quitó su concesión y no aceptó el acuerdo en el marco del concurso. Allí se decretó su primera quiebra, sin habilitar la instancia de “cramdown” del artículo 48. Se consideró que no había una empresa para continuar, ya sin el contrato del Estado. Durante 13 años hubo idas y vueltas, se revocó la quiebra, se reabrió el concurso, se dilataron todos los pasos posibles con apelaciones. En 2007, se fijó un plazo de 60 días para intentar un nuevo acuerdo. Se transformaron en años con la valuación de los activos por parte del Tribunal de Tasaciones. En 2010, Correo acordó con el resto de los acreedores, pero no con el Estado, condición sine qua non para avanzar. El resto del tiempo lo consumieron las apelaciones hasta la escandalosa audiencia del 28 de junio de 2016, donde la fiscal Gabriela Boquín denunció un acuerdo “abusivo” y perjudicial para el Estado que se transformó en una investigación penal contra Macri, sus funcionarios y los representantes de la empresa de su familia. Agustina, Gimena y Francisco Macri, los tres hijos del expresidente de la Nación, son, según los registros de la Inspección General de Justicia (IGJ), propietarios, en un 8% cada uno, de SOCMA Americana Sociedad Anónima.

En síntesis, el acuerdo prorrateaba a bajo interés el pago de la deuda durante los próximos 17 años (a los que debían calcularse los 16 años pasados, a esa fecha) y considerando los $293 millones a valores de 2001, implicaban una quita del 98,82%. Solo iban a pagar menos del 2% de lo que debían. ¿Quién se beneficiaría con ello? Los hijos de Mauricio Macri.

En el caso de Oil Combustibles –el ejemplo que pusieron los mismos abogados de SOCMA– la embestida de la AFIP comenzó en marzo de 2016, con múltiples embargos a otras empresas vinculadas al holding; se designaron veedores a fines de ese mes y se extendió esa situación a otras empresas del Grupo Indalo en los sucesivos meses; la petrolera pidió su concurso de acreedores en marzo de ese mismo año pero con innumerables trabas por parte de AFIP y de otros organismos públicos –que se investiga si fueron impulsadas discrecionalmente por el Ejecutivo- recién en febrero de 2018, la empresa pudo ingresar formalmente en concurso de acreedores; el 11 de mayo de 2018 se decretó la quiebra por parte del juez Javier Cosentino. El 1 de octubre de 2018, se liquidaron todos sus activos petroleros. Desde que se quedó abierto el concurso hasta que se liquidaron sus bienes habían pasado 8 meses. El del Correo Argentino apunta a cumplir ya 20 años y su conclusión es tan incierta en las formas como en el plazo.

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