Con jugada de Casación, Macri logra paralizar la investigación sobre sus llamados por Indalo

 
 
Por Gabriel Morini

En un hecho sin precedentes para la Cámara Federal de Casación Penal, dispuso, en las últimas horas de 2020, que toda la investigación sobre los intercambios de llamados del expresidente Mauricio Macri y varios integrantes de su gobierno acusados de integrar una asociación ilícita quede paralizada. Esta será la consecuencia de que ese tribunal haya admitido un recurso de la defensa del exmandatario y –en una decisión completamente inusual- se exigiera a la jueza que lleva adelante la causa, María Servini, que le eleve todas las actuaciones originales. 

No sus copias digitalizadas, sino toda la causa física. Pero el dato saliente fue que el movimiento ocurrió horas después de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) entregara un informe con el resultado de los entrecruzamientos telefónicos entre Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, José Torello, integrantes de la AFIP y posiblemente importantes jueces, en momentos clave del desarrollo de la causa Oil Combustibles y de lo que fuera el encarcelamiento de sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa, eje de la denuncia de maniobras ilegales contra el Grupo Indalo.

La secuencia que también dejó expuesta la jugada de Casación es que abrió un recurso de apelación sobre medidas de prueba solicitadas en la causa por la jueza que las investiga, algo que no sólo no es “apelable” según el Código Procesal, sino que tampoco podría jamás equipararse a una sentencia firme, única materia en la que Casación está habilitada a intervenir. La jueza Servini, a partir de la denuncia de De Sousa, ordenó en julio pasado entrecruzar los teléfonos de Macri, Rodríguez Simón, Torello y otros integrantes de su Gabinete en un espacio temporal amplio. La defensa apeló la medida de prueba (también considerada una situación que no contempla apelación porque se estaría restringiendo la facultad que tiene un juez para recopilar elementos para comprobar un delito) y la acusó de ser excesiva. Entonces, la Cámara Federal le ordenó a la jueza acotar el lapso de su pesquisa y no cruzar llamados durante un período tan amplio.

Servini instruyó a la Dajudeco a destruir el primer informe y a realizar otro bajo esa premisa y con días anteriores y posteriores a ciertos hitos de la causa –tanto administrativa como penal- contra Oil, tal como solicitaba la denuncia inicial. Disconforme con esto, Macri ordenó a sus abogados apelar esa decisión ante Casación, que es el máximo tribunal penal, y que en casos análogos, rechaza automáticamente ese tipo de recursos porque no son equiparables a una sentencia, dado que son apenas medidas de prueba. “Pepín” adhirió a su planteo.

La querella recusó a uno de los integrantes del tribunal, Eduardo Riggi. Argumentó que había sido el mismo juez que ordenó que López y De Sousa regresen a prisión cuando fueron excarcelados por la Cámara Federal, que había confirmado sus procesamientos pero modificó la calificación legal y dispuso su libertad, dado que no había avances en la denuncia por supuesta obstrucción de la justicia que había denunciado Julián Ercolini para disponer su primera preventiva. Riggi hizo un voto furibundo en el cual no ahorró calificativos y se apoyó en declaraciones públicas que hizo López apenas recuperó la libertad. La causa por supuesta venta de activos que denunció Ercolini se evaporó cuando su colega María Eugenia Capuchetti consideró –tras una investigación que duró más de un año- que nunca había ocurrido lo que denunció el juez y que tal venta jamás había existido por lo que no se vulneró ninguna medida judicial. Pese a todo, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani rechazaron in límine el apartamiento de Riggi para actuar ahora en la denuncia que De Sousa interpuso contra Macri.

Pero Riggi fue más allá: en un oficio cursado el 30 de diciembre pasado, al filo del comienzo de la feria, defendió el hecho de que Casación solicitara tener a la vista toda la causa original algo que produce no solo la parálisis de la investigación, sino el retraso de manera indefinida de otras medidas tales como declaraciones testimoniales que había ordenado Servini y hasta el cronograma de indagatorias que tiene al exAFIP Alberto Abad para declarar como imputado en marzo próximo. Existe una paradoja: cuando definió sobre la causa Oil Combustibles y revocó las excarcelaciones, Riggi evitó solicitar el expediente principal, algo que las defensas pedían de manera insistente, denunciando que el caso tuvo todo tipo de irregularidades desde un comienzo. Algunas comenzaron a ser probadas en esta denuncia que lleva adelante Servini. Sin embargo, el entrecruzamiento que llevó adelante la Dajudeco fue lo que más ha irritado a Macri y al resto de los imputados y lo que motivó la presión para intentar que no se lleve adelante bajo ningún formato.

El informe de la Dajudeco promete ser escandaloso. Podría incluir no solo comunicaciones entre el expresidente y el director de La Nación Fernán Saguier días antes de que ocurriera la primera publicación del caso Oil (que gatilló el resto de las acciones que se sospechan coordinadas), sino que coincidiría con el mensaje que había enviado Rodríguez Simón a los accionistas de Indalo sobre que se preparasen “para la guerra”. En el resto de las salas de Casación, todavía en “modo feria”, la decisión de Riggi de llevarse el expediente de Indalo en el momento en el que podría conocerse ese informe clave sobre Macri llamó mucho la atención. Nadie descartó que pudiese haber otras comunicaciones comprometedoras. En los períodos analizados se incluyeron los días previos a que con la firma de Riggi se revocara la decisión de la Cámara Federal respecto a Oil, algo que había sulfurado al Poder Ejecutivo, de manera pública. Toda la situación podría ser aún más escandalosa.

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