Citan a indagatoria a Ducoté y otros 20 funcionarios por casos de corrupción

El ex intendente Nicolás Ducoté, fue citado a declaración indagatoria por tres causas en las que la Justicia investiga posibles casos de corrupción durante su gobierno, entre 2015 y 2019.

El ex mandatario de Juntos por el Cambio deberá presentarse este martes ante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El magistrado citó a otras veinte personas, entre ellas el ex jefe de Gabinete Juan Pablo Martignone, el ex secretario de Obras Públicas Guillermo Iglesias y la ex secretaria de Hacienda Cecilia Cabrera, además de funcionarios nacionales durante el gobierno de Mauricio Macri y los empresarios que participaron de los tres contratos que se investigan en la causa en la que también interviene el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.

La Justicia busca determinar si hubo irregularidades en tres convenios firmados por el ministerio que estaba a cargo de Rogelio Frigerio y la Municipalidad durante el mandato de Ducoté. Pilar recibía dinero para obras y el ministerio nacional debía supervisar la ejecución de los proyectos.

Las tres causas

 Causa Microcréditos. Se investiga el supuesto desvío de fondos nacionales destinados a créditos blandos de hasta $24.000 para que familias de bajos recursos puedan refaccionar sus hogares y acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad. Se estima que se entregaron al menos 8.000 beneficios. Con decenas de testigos, la justicia investiga por qué no llegaron a sus destinatarios.

El presupuesto destinado por la Nación fue de 300 millones de pesos de los cuales hasta mayo de 2019 se habían enviado 285. El fiscal solicitó la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, para analizar los contratos investigados. Este organismo judicial cuestionó el modo en que se hizo la entrega de fondos por parte del Estado nacional porque fueron realizadas sin las correspondientes comprobaciones de avance de obra y sus respectivas rendiciones de cuentas tal como establecía el convenio. También cuestionó que el Municipio hubiera puesto intermediarios –una empresa de gas, una organización local y un fideicomiso provincial- para ejecutar el convenio, de manera que se derivara dinero destinado a los vecinos.

La fiscalía que encabeza Sergio Rodríguez señaló que “lejos de efectuar una correcta distribución de los recursos que les fueron girados desde las arcas nacionales, los funcionarios municipales discrecionalmente, fueron generando gastos y costos que conllevaron la distracción de fuertes sumas de dinero destinada a los ciudadanos del Municipio de Pilar, en manos de empresas ya sea de gas o conformadas por el Municipio, o bien programas provinciales que de ninguna manera ameritaban a la percepción de partes de los recursos acordados para las mejoras de las viviendas”.

• Causa Peruzzotti: Al ex intendente se lo acusa de “malversación de caudales públicos”. Se denunció la falta de instalación de una planta de tratamiento cloacal, financiada mediante un convenio con Nación por un total de $15 millones. A fines de mayo de 2019 se allanó la municipalidad. Fue la primera acción judicial de decenas que se dispararon desde entonces, relacionadas con varias causas.

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El convenio contemplaba la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en ese barrio. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A. Sin embargo, la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio no fue construida pero sí certificada y cobrada por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93. Respecto de ese convenio el fiscal Rodríguez aseguró: “que el Estado Nacional pagó por obras que no se hicieron” e “incluyeron sobreprecios”.

• Causa Monterrey: similar a la anterior, por irregularidades en la ejecución de obras financiadas por Nación (igual que en Peruzzotti), pero en este caso por $145 millones. 

El proyecto tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio Monterrey de Derqui. Se propuso renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas. La obra sería financiada con fondos nacionales: se destinarían $145.733.567. La PIA cuestionó el modo en que se realizó la licitación que le otorgó el contrato a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por las firmas Vialme S.A., Servicios y Gestión S.A. y Alpin S.A. Según se desprende del dictamen de Rodríguez, algunas de las obras comprometidas no se terminaron en tiempo y forma. También se puso de manifiesto que hubo incumplimientos en la metodología de rendición de cuentas prevista. En octubre de 2019, meses antes del cambio de gobierno y tres años después de iniciado el convenio, desde la secretaría de Infraestructura Urbana del ministerio nacional se intimó a Pilar a que rindiera cuentas pendientes.

El fiscal federal de Campana Sebastián Bringa, solicitó la colaboración de la PIA. En el informe de ese organismo judicial se hallaron irregularidades similares: obras pagadas y sin finalizar, incumplimiento de plazos, falencias en la rendición de cuentas, problemas de las empresas adjudicatarias de los contratos y falta de control por parte del ministerio nacional. Es por eso que basado en el análisis que hizo la PIA el juez González Charvay llamó a indagatoria.

La Justicia estima que se acordó que Nación entregara un total de $460.829.737. La PIA evalúa que esa transferencia de fondos “fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional”.

Señala además que la maniobra contó con la “clara participación de los funcionarios que en distintos estadios de la maniobra efectuaron sus aportes, desde las cuantiosas aplicaciones de recursos hasta la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas, la aplicación de sumas de dinero por las cuales el Estado ni la sociedad se vio beneficiada, sino los empresarios o intermediarios, con posibles retornos a los funcionarios involucrados”.

Entiende además que la cantidad de irregularidades, “no tiene su razón en la torpeza, error o ignorancia” sino en la “clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero”.

Por última la PIA concluye que “los tres acuerdos conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes”. Y que permite sostener la idea de “un plan puesto en marcha a los fines… de generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”.

En palabras del fiscal Rodríguez: “Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.

Si bien los imputados serán indagados por distintos hechos, la calificación de los delitos cometidos puede encuadrarse -provisoriamente- en administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

Las declaraciones comienzan el martes próximo con la del ex intendente Ducoté. Se realizarán vía Zoom por la pandemia y se extenderán hasta el 25 de junio.

Además de Ducoté, fueron citados a indagatoria el ex secretario de Vivienda Iván Kerr, la ex secretaria de Infraestructura Urbana nacional Mariana Klemensiewicz, Cecilia Cabrera, Fabián Arias, María Natalia Toso, Federico Bustello, Ignacio Azarola, Osvaldo Caccaviello, Guillermo Iglesias, Tomás Bibiloni, Agustín Baldo, Gustavo Queralt, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Sandra Sosa, Gabriel Adrián Lucero, Fernando Bonafede, Marcelo Sfeir, Sergio Miguel Russo y Norberto Giulianelli.

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