El reclamo urgente de los movimientos sociales

Con concentraciones en Puente Pueyrredón, Saavedra y otros 50 puntos exigieron un salario básico universal. El acto central se realizó en Avellaneda donde Juan Grabois fue muy crítico con el Presidente y con los anuncios de reducción del gasto público de la ministra de Economía.

Laura Vales
Por Laura Vales

Con concentraciones en el Puente Pueyrredón, el Saavedra y otros 50 puntos del país, los movimientos sociales le exigieron al gobierno la creación de un salario básico universal. El acto central de la jornada se realizó en Avellaneda; allí, desde el escenario, Juan Grabois señaló que la situación de millones de argentinos “no da para más” y fue muy crítico de Alberto Fernández y los anuncios de reducción del gasto público de la titular de Economía, Silvina Batakis. “Alberto, mirá a lo que llegamos: a pedirte por lo menos no quedar abajo de la indigencia. Si no te gusta el salario universal inventá otra cosa, trae una propuesta mejor, pero no nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados”, dijo el referente en el tramo más encendido de su discurso.

Movilizaron el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, , Nuestramérica, La Poderosa y el Partido Piquetero. También la CTA Autónoma, que conduce el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado Hugo Godoy.

 

Además del Salario Universal, en las protestas se planteó la necesidad de un aumento salarial, en las jubilaciones y el pago del aguinaldo para los trabajadores del plan Potenciar Trabajo, que este año, en el marco de los ajustes, todavía no lo cobraron.

En simultáneo a la jornada de lucha de esas organizaciones, el Polo Obrero realizó una asamblea en el Obelisco donde expresó sus propias demandas: el pago de un bono de emergencia de 20 mil pesos y un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones.

Por decreto 

Las actividades arrancaron a las 10 de la mañana y se extendieron hasta el mediodía. Un dato distintivo fue que los manifestantes llevaron carteles pidiéndole al presidente “que use la lapicera” y lapiceras gigantes con la inscripción “Salario universal Ya”.

Como Grabois, otros referentes pusieron el acento en que no hay tiempo. Nacho Levy, de La Garganta Poderosa, pidió “a los que no les gusta el modo en que hablamos, que lean los números fríos de sus propias estadísticas: que vean medio país subsumido en la pobreza y cuatro millones de compatriotas en la indigencia”. Y coincidió en que el mercado, por sí solo, no va solucionar el problema del trabajo informal y los bajos ingresos. “Nadie puede pensar que una de cada dos personas a su alrededor es vaga o es tonta. Hay un mercado que no da a una inmensa franja de compatriotas las garantías necesarias. Ese vacío inmenso de este modelo cruel se resuelve con una firma. Salario universal ya: hay que usar la lapicera”, reclamó.

Por su parte, Dina Sánchez (FPDS) añadió que las protestas fueron decididas «porque nos cansamos que se mencione pero no se concrete el salario básico universal. En la Argentina estamos atravesando una situación muy crítica y es momento de actuar más que decir. No se pueden seguir priorizando los mercados cuando hay siete millones de trabajadores en la informalidad».  

El proyecto 

El proyecto de SBU fue presentado en el Congreso en mayo por los diputados Itaí HagmanNatalia Zaracho y Federico Fagioli. Los tres pertenecen al Frente Patria Grande, que tiene como referente a Grabois.

Luego La Cámpora le dio su respaldo a la propuesta. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, señaló en junio, en un panel de presentación del SBU realizado en la Legislatura bonaerense, que en el país “hay trabajo”, pero “el problema es que el mercado no lo remunera”. Larroque agregó que la dirigencia política no registra la gravedad de la situación de los trabajadores informales porque está distanciada de lo que se vive en los barrios más humildes. «Cuando (la dirigencia) se encierra sobre sí misma y deja de mirar a la gente eso termina mal; ya lo vimos en el 2001«, advirtió.

Finalmente, a principios de julio Cristina Kirchner puso al tema en el centro de la escena. La vicepresidenta venía de cuestionar que las organizaciones sociales accedan a cupos de planes de empleo -criticó especialmente que los movimientos respondan a encuadramientos políticos-, y en un acto realizado en Ensenada planteó: “creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”. En ese sentido, Cristina destacó que al igual que con la Asignación Universal por Hijo, el SBU es un derecho “que (para percibirlo) no depende del favor de nadie”.

Ese fue el día de la renuncia de Martín Guzmán. Con su reemplazo por Silvina Batakis, hubo versiones sobre la pronta implementación del ingreso, ya que Batakis lo había apoyado. Sin embargo, esta posibilidad se desinfló con las primeras palabras de la ministra, que anunció un ajuste del gasto público y mayor cuidado del equilibrio fiscal.

Con todo, la puerta no quedó cerrada por completo: en las últimas semanas la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio mantuvo una serie de reuniones para presentar un proyecto alternativo, más acotado que el inicial. Y la vocera presidencial Gabriela Cerruti, que había sostenido que el SBU “no” era “posible”, mostró en los últimos días un cambio, al señalar que nada está descartado.

¿Y en qué punto está ahora el ingreso básico universal? Grabois dijo a este diario que el proyecto se sigue negociando. “Estamos discutiéndolo”, aseguró sobre propuestas alternativas como las de la senadora Di Tullio, aunque relativizó los avances al agregar que “falta la definición política y ajustar el universo de titulares de este derecho”.

Como cierre de su discurso, el dirigente levantó el tono y sostuvo que en el proyecto de SBU «no hay política sino reclamo social»: «El principal problema es la miseria que hay en este país. El salario mínimo está rozando la línea de indigencia. Los cooperativistas que se rompen el lomo en la construcción y en los comedores todavía no cobraron el aguinaldo social. Los trabajadores informales son más de siete millones y perdieron el 34% de su poder de compra. Un gobierno que dice que defiende al pueblo tiene que, como mínimo, garantizar que los salarios, sean del sector formal, informal, popular, jubilados, estén por arriba de la línea de pobreza».

«Alberto: te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal, inventá otra cosa, trae una propuesta mejor, no nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení a calmarnos a nosotros, porque vamos a ser 5 mil, 200 mil, no sé cuántos pero hay algunos gauchos acá que estamos dispuestos a dejar la sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina», desafió.

En la calle

En cuanto a los apoyos por abajo, las movilizaciones de este miércoles mostraron que la propuesta aún no tiene el apoyo activo de todos las organizaciones sociales. Podrían haber sido más numerosas si existiera la voluntad desde los otros sectores de la UTEP (el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC) y de la mayoría de las organizaciones de la izquierda de Unidad Piquetera de salir a ponerle masividad al reclamo. Estos movimientos no se oponen a un ingreso de emergencia, pero no están de acuerdo en poner el énfasis en ese punto -el de centrarse en políticas de ingresos para bajar la pobreza- sino que piden medidas de generación de trabajo y mejoramiento de sus condiciones. 

La Unidad Piquetera tiene un horizonte de recuperación del trabajo genuino, es decir del mercado de trabajo formal, ya sea privado o estatal. La UTEP lo piensa por el lado de fortalecer la economía popular, es decir de dotar de derechos y recursos a los trabajadores que, excluidos del mercado laboral, se inventaron su propio trabajo.  

Sin embargo, en los movimientos sociales se ve una decisión de cerrar filas y todo indica que las movilizaciones callejeras irán en aumento. En las organizaciones sienten la presión en sus bases para salir a reclamar por ingresos, y además ven que se les vienen tiempos muy difíciles. Los más de 40 allanamientos a comedores populares y merenderos en una semana, bajo la acusación de ser organizaciones que extorsionan a los beneficiarios de planes o los obligan a ir a las marchas, son una señal de esos tiempos. De un clima que les es adverso no sólo por el crecimiento de la derecha, sino por un corrimiento que incluye al propio gobierno y que se expresa en el cierre de las inscripciones al Potenciar Trabajo y el cambio de discurso en Desarrollo Social tras la asunción de Juan Zabaleta. 

Durante la jornada también hubo concentraciones en el Cruce de Varela y en el Puente La Noria. En el interior se hicieron asambleas y movilizaciones en Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Neuquén y San Juan. En Río Negro, la militancia cortó el tránsito en forma parcial en el puente entre Viedma y Carmen de Patagones, así como entre y Cipolletti y Neuquén.